El turno de oficio de Valladolid está inmerso en una cascada de pérdida de abogados que lo prestan ante el "desanimo, descontento y falta de empatía" de la Administración. Hasta 2020, la corriente era "alcista", pero desde entonces la ciudad del Pisuerga ha venido sufriendo un declive de profesionales en este servicio, que "siempre ha estado a la cabeza en el número de compañeros", ha recalcado el responsable del sector en la Junta de Gobierno de la Abogacía de Valladolid, Fernando Rosat.

En este sentido, acompañado del decano del Colegio, Javier Martín, Rosat ha puesto de manifiesto las reclamaciones del sector en el Día de la Justicia Gratuita. Precisamente, su gran reclamación es la "dignificación" de las retribuciones que perciben, que ahora mismo están "muy por debajo" del valor de mercado. Por ejemplo, en un proceso penal, ha señalado que lo que cobra el abogado son 270 euros en un trabajo que se dilata en un año o año y medio. "Mucho de los asuntos además no solo ni siquiera son retribuidos, sino que además tienen que poner medios propios", ha advertido a mayores.

El número de profesionales que prestan el servicio gratuito de defensa ha pasado desde 2020 de alrededor de 540 a 430. "Una reducción de casi 100 compañeros que a pesar de ser voluntario se consideraba una labor social", ha lamentado el responsable del sector del ICAVA.

Por este hecho, desde los abogados de Valladolid exigen al Gobierno exigen que la retribución se ajuste, como "mínimo", al IPC. Además, para refutar la crisis del sector, también han dado a conocer algunos datos que ponen de manifiesto la situación por la que sobrepasan. Las huelgas en los diferentes sectores de la Administración de Justicia se han reducido en un 13% en el primer semestre del año al "paralizar la instrucción". 

Para los abogados vallisoletanos, las "trabas burocráticas" a las que deben hacer frente están "terminando por colmar la paciencia" de los profesionales, que "ya no pueden más". 

Por su parte, Javier Martín ha considerado "importante" que en una época como la de ahora, en plena campaña electoral, reclamar un "pacto de estado por la Justicia". "Basta ya de que se preocupen de otros ámbitos, que también son importantes, y que la justicia sea la gran olvidada y la gran dejada. Pacto para dejar de ser la hermana menor de todos los gobiernos. Si no hay Justicia no hay derechos ni libertades", ha reivindicado.

Algunos datos expuestos por los abogados en el primer semestre del año muestran que los expedientes de violencia de género se han mantenido después de llegar el pasado ejercicio a la "cifra más elevada de la década". Los asuntos penales, por su parte, han descendido en un 19% por la "caída de la instrucción".

No obstante, otros como los de extranjería se han disparado en un 155%, siendo la mayoría trámites relacionados con la expulsión del territorio nacional, aunque también destacan otros como la petición de asilo o de ayuda internacional, sobresaliendo sobre el resto los de ciudadanos de Ucrania y Malí. "Están pidiendo asilo en Valladolid porque el procedimiento es más ágil y en un año pueden tener esa entrevista. En Barcelona o Madrid son dos años. También es por la calidad del servicio que prestamos", ha explicado en última instancia Roset.