La fatídica explosión de la calle Goya 32 (Valladolid) que acabó con la vida de una mujer de 53 años, dejó 14 personas heridas y provocó importantes daños materiales sigue estando a la orden del día. Tanto es así, que en la mañana de este jueves el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto García; y el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, han ofrecido una rueda de prensa para revelar cuál es exactamente la situación de las personas afectadas por dicha explosión.
Así, tras mantener una reunión con el administrador del edificio, sus abogados, la presidenta de la comunidad y uno de los inquilinos que ha acudido al encuentro en representación de todos los vecinos, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha anunciado que aquellas personas que están alojadas en el hotel tienen garantizada la habitabilidad “sin un tiempo determinado” gracias a un contrato de emergencia de 32.000 euros suscrito por el Ayuntamiento de la capital que, tal y como ha explicado el concejal, tiene vigencia hasta el 4 de septiembre.
Sin embargo, esto no significa un límite temporal para los vecinos, ya que “si a partir de ese día alguien necesitase seguir teniendo un hogar donde residir, el Ayuntamiento se lo seguiría garantizando”. “Esto no es más que un límite temporal que se tiene que fijar obligatoriamente por ley para prestar el servicio”, ha destacado Nieto.
No obstante, en la reunión han querido analizar la situación que diferencia a los propietarios y a los inquilinos perjudicados. En este sentido, el concejal ha aclarado que mientras los primeros verán rescindidos sus contratos con los propietarios para así poder buscar otro alquiler donde residir, “con ayudas de emergencia” del Ayuntamiento, “sobre todo durante los primeros meses para que puedan acceder a esos alquileres y no sean tan costosos para ellos”; el primer paso que deberán dar los propietarios será el de hablar con las aseguradoras para ver cuánto tiempo de alquiler tienen garantizado: “Muchos ya lo han hecho y la mayoría tiene cubierto un año de alquiler”, ha destacado antes de explicar que serán estas las que busquen el primer alquiler.
En cuanto a las viviendas sociales, Rodrigo ha querido dejar claro que “el ayuntamiento no puede prestar una vivienda social a aquellas personas que tienen garantizadas un alquiler por parte de sus aseguradoras” porque no pueden suplantar el trabajo de estas. Aun así, desde el Consistorio sí se han comprometido a, una vez transcurrido el límite temporal que tengan por parte de sus aseguradoras y si todavía no han podido regresar a sus viviendas, revisar caso por caso de manera individualizada la situación de los propietarios para que “en ningún caso se queden sin la habitabilidad”. De este modo, se buscará la solución que mejor se adapte a su situación, ya sea una vivienda de alquiler o incluso una vivienda social para los casos más extremos.
Nieto también ha avanzado que una de las nueve personas que están residiendo en el hotel abandonará el hospedaje esta semana "porque ya ha encontrado un alquiler", para el cual contará con la prestación de emergencia del Ayuntamiento durante los primeros meses.
Además, ha aclarado que, de momento, ninguno de los damnificados por la explosión está viviendo en casas de alquiler proporcionadas por los seguros, sino que mientras unos están en el hotel, el resto está viviendo en otras propiedades o en casas de familiares y amigos.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha querido dejar claro que el único coste que está teniendo el Ayuntamiento es el relativo al alojamiento en el hotel, ya que del tema del desescombro y el apeo se está encargando la empresa contratada por los propietarios, un gasto que entiende que acabará siendo asumido por las aseguradoras.
¿Demolición o reconstrucción?
El futuro del inmueble todavía sigue siendo un tanto incierto, pues hasta que no se termine de asegurar el edificio, los peritos encargados de decidir si lo más oportuno es que sea derruido entero o, en su lugar, reconstruido, no podrán acceder al mismo para realizar la pertinente valoración.
Según el concejal Ignacio Zarandona, "los empleados de la empresa contratada por el administrado todavía no han podido acceder al interior", ya que, aunque ya se han asegurado los elementos exteriores que podían causar algún peligro, antes de pasar al interior es necesario apear el muro estructural de la fachada: "Estamos en esa espera y a partir de ahí se podrá realizar un análisis estructural más serio que permita diversificar las opciones que se puedan presentar", ha afirmado el concejal.
Además, ha explicado que las nuevas mediciones realizadas 'in situ' en el edificio rebajan el riesgo de la estructura del edificio, que anteriormente estaba catalogado como "muy grave", dado que el nudo estructural del pilar de la fachada que "en principio preocupaba, no ha tenido un desplazamiento tan evidente que ponga en riesgo la estructura".