La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; acompañada por la subdelegada en Valladolid, Alicia Villar; se ha reunido en la mañana de este lunes con decenas de alcaldes de la provincia para explicarles los servicios que presta el Gobierno de España en los ayuntamientos de Castilla y León, así como la manera de acceder a ellos. 

En una comparecencia previa a dicha reunión, Barcones ha vuelto a cargar contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tras los reproches recibidos por el traslado de 395 inmigrantes a Castilla y León, a través de los cuales PP y Vox calificaron de "desastrosa" la gestión de la delegada e incluso solicitaron su dimisión por su actitud "desleal y mentirosa" ante la llegada de estos inmigrantes a la región, desmintiendo, además, que la Delegación informase a la Junta o a los ayuntamientos, tal y como señaló Barcones. 

Así, además de tachar la actuación de García-Gallardo como "bochornosa y peligrosa", la delegada del Gobierno en Castilla y León ha reiterado su interés en que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "ponga en orden a su vicepresidente" para que así "deje de avergonzarnos a todos". "Lo que estoy esperando es que el señor Mañueco le llame la atención y le haga rectificar por lo muy peligroso de esa actuación en cuanto al señalamiento que realiza y en los términos que lo hace. Creo que el gran favor se lo haría Mañueco a esta Comunidad si de una vez por todas pusiera en su sitio al vicepresidente y nos dejaran de someter a todos los que vivimos aquí a esa vergüenza", ha denunciado. 

En este sentido, Barcones ha asegurado que la Comunidad es una tierra "solidaria y de acogida" y que, por tanto, "las declaraciones del vicepresidente de la Junta no responden a ese sentir mayoritario". Además, ha defendido que la cantidad de inmigrantes que han llegado a Castilla y León, es una cantidad "no significativa" si se compara con los inmigrantes que se acogieron en la Comunidad como consecuencia de la guerra de Ucrania. "Estamos hablando de cifras muy inferiores", ha añadido.  

"No entiendo todo lo que se ha generado y creo que hay gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que de cualquier cosa quiere hacer batalla y pelea política, hasta olvidándose de personas que tienen derechos humanos. A mí me produce tristeza, han intentado utilizar esta cuestión y es lamentable", ha espetado.

Finalmente, Barcones no solo ha reiterado que "ha acontecido lo que ya anunciamos" y que "todo se ha desarrollado con absoluta normalidad", sino que, además, ha querido dejar claro que, independientemente de que el Gobierno de España haya convocado a las comunidades autónomas, ella está en contacto permanente con las Consejerías con mayor incidencia en este asunto, "dándoles información de cualquier cuestión que pueda concernir a este asunto" y con el alcalde de Medina del Campo, mientras que el resto de los subdelegados informan a los alcaldes de los pueblos donde han llegado más inmigrantes. 

Acusa al PP de los retrasos en las obras de la A-60

el retraso de las obras en determinados tramos de la A-60 entre Valladolid y León tras la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental. 

En su momento, se acusó al PSOE de haber dejado caducar esta evaluación. Sin embargo, la delegada del Gobierno ha defendido que la culpa de los retrasos de las obras en esta carretera concreta es únicamente del Partido Popular.

"Hubo una crisis, se paralizaron las infraestructuras, la crisis finalizó, pero quien estaba en el Gobierno, que era el Partido Popular, desde luego no movió ni un solo papel, ni un solo trámite, ni un solo euro del presupuesto para la ejecución de estas obras, entonces la consecuencia fue que cuando llegamos al Gobierno en 2018 ya no había tiempo material para poder ejecutar las mismas, porque para que no caducase tenían que haber empezado las obras. Si no ha habido una aprobación de proyecto, ni una licitación para que las obras puedan comenzar, no hay manera de evitar de que esta evaluación se caduque", ha explicado. 

En esta línea, Barcones ha asegurado que la única posibilidad que les quedaba era, precisamente, la que han llevado a cabo, "volver a realizar ese trámite tan costoso a nivel temporal y material para poder seguir con el procedimiento que nos lleve a que de una vez por todas comiencen estas obras". 

Las dudas de los alcaldes de la provincia

En lo que a la reunión con los alcaldes se refiere, tras incidir en que actualmente son 34.000 los empleados de la Administración general del Estado que prestan servicio en la Comunidad frente a los 7.200 que lo hacen en la provincia de Valladolid, Barcones ha explicado que esta segunda edición de estos encuentros con alcaldes se extenderá a todas las provincias, siendo Valladolid la primera, así como que el principal objetivo de los encuentros es "seguir trabajando en la cooperación entre instituciones para prestar el mejor servicio a la ciudadanía y lo vamos a hacer cultivando la relación de los alcaldes con los máximos responsables de estos servicios".

De este modo, ha afirmado que durante el encuentro iban a presentar a los alcaldes los servicios integrados, pero también los no integrados, de tal modo que se iban a abordar asuntos relacionados con el Registro, la atención al ciudadano, agricultura, industria, trabajo, inmigración, unidades contra la violencia de género, el Servicio Público de Empleo, la Demarcación de Carreteras del Estado, la Inspección Territorial de Trabajo, economía, hacienda, el INSS, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la DGT y la Confederación Hidrográfica del Duero, entre otras cuestiones.

Además, durante las jornadas, los alcaldes asistentes también tendrán oportunidad de preguntarles a los máximos responsables de estos servicios cualquier duda o interés que tengan sobre sus principales cometidos y sobre los servicios que ofrecen de forma directa a los municipios y a sus vecinos. Podrán hacerlo al final de la reunión, para cuando se ha reservado un espacio para poder presentar esas cuestiones más puntuales. 

En este sentido, Barcones ha desvelado que, tras la experiencia del año pasado, es consciente de que la mayor parte de las dudas de los alcaldes de la provincia giran en torno a los trámites y gestiones derivados la Confederación Hidrográfica del Duero, la implantación y autorizaciones para la instalación de energías, la Demarcación de Carreteras del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y la implantación de la banda ancha en relación al momento en el que se va a prestar el servicio y en el que van a comenzar las obras en determinados municipios. 

Banda ancha y 5G

La delegada del Gobierno en Castilla y León ha afirmado que uno de los asuntos más importantes del encuentro era, precisamente, la banda ancha, la cual, según ha revelado, será una realidad en 2025 para todos los ciudadanos de la Comunidad, independientemente de dónde vivan, así como el despegue de la red 5G en Castilla y León, una tecnología para que se ha realizado una inversión "millonaria" con el fin de garantizar "que también tengamos todos esta alta tecnología móvil". 

Asimismo, Barcones ha asegurado que a día de hoy el Gobierno está en condiciones de garantizar, "al menos 100 megas con un precio máximo 35 euros al mes se viva donde se viva". 

"Desde que entramos en el Gobierno en Castilla y León había poco más de 200 localidades que tenían banda ancha, ahora estamos hablando de miles, que ya la tienen, pero sobre todo que a través del programa Único Banda Ancha ya se han asignado a las empresas operadoras los programas para que llegue esta extensión de la banda ancha", ha presumido la delegada.