La Guardia Civil de Valladolid está investigando a un total de 17 personas por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo por hacer obras de construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable y a otras tres personas más por un delito de estafa a los anteriores ya que, con ánimo de lucro, utilizaron engaño para producir error en otro.
Le Benemérita apunta que tuvo conocimiento de numerosas obras de construcción en el término municipal de Cigales, tratándose de suelo rústico común (no urbanizable), así como la subparcelación irregular de una parcela para usos incompatibles con el planteamiento urbanístico y normas subsidiarias municipales del Ayuntamiento de Cigales.
Unos hechos que fueron verificados por la Guardia Civil, observándose numerosas obras en construcción, vallados de recintos, cimentaciones, construcción de casetas, o instalación de depósitos de agua y fosas sépticas y varias viviendas en construcción.
Investigación
La Guardia Civil, en virtud de la investigación policial seguida por las edificaciones detectadas en dicha parcela, tuvo constancia de que una inmobiliaria de Valladolid había sido la encargada de su publicidad y venta.
Fue por esta razón por la que se instruyeron diligencias que fueron remitidas a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid.
En el mes de mayo de 2023 se recibió un auto judicial en el que se acordó la adopción de la medida cautelar interesada por el Ministerio fiscal de la paralización de todas las obras de la urbanización y edificación realizadas en la parcela en cuestión.
Según se deduce del informe técnico, sobre valoración de expropiación de la parcela conforme a la descripción del suelo es de clase rústico para uso principal agrario.
Conclusiones
La Guardia Civil consideró que tanto la inmobiliaria como el propietario de la parcela habían incrementado o sobrevalorado el precio del metro cuadrado en las subparcelas constituidas irregularmente de suelo rústico agrario. Lo que llegaba a suponer, en algunos casos, un incremento de entre el 700 y el 2000% el valor del metro cuadrado especulando con el valor del suelo, pudiendo entender los compradores que compraban en suelo urbano.
Independientemente de lo anterior, apunta la Benemérita, las personas que han construido en el interior de sus parcelas o delimitado las mismas con vallados sin ningún tipo de autorización administrativa, podrían ser consideradas como autoras de un Delito Sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo al realizar obras de construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable.
Este supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 319.2 y puede conllevar una pena de prisión de uno a tres años.