La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre y a una mujer a dos años de prisión y a seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros, como coautores de dos delitos de falsedad documental y otros dos de estafa procesal, contra una víctima a la que también tendrán que indemnizar de manera conjunta con 3.600 euros. Al parecer, estos falsificaron pruebas Covid para retrasar un desahucio en la provincia de Valladolid. 

Ninguno de los dos entrará en la cárcel. Si bien, la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas sí les supone una serie de condiciones. En el caso de la mujer, esta no debe cometer ningún delito en un periodo de tres años, el mismo tiempo que tiene que mantenerse a disposición del Tribunal, comunicando cualquier cambio de domicilio. Por su parte, en el caso del hombre, estos mismos requisitos se extienden hasta los cuatro años. 

Ambos, mayores de edad y sin antecedentes penales, pero demandados por desahucio, confeccionaron varios informes de pruebas Covid, haciendo constar que la PCR les había dado positivo, con el fin de demorar el desahucio de la vivienda en la que residían. Dichos informes los aportaron al procedimiento judicial, ya abierto, como justificante para que el lanzamiento programado no tuviera lugar. 

En concreto, la mujer presentó dos informes a su nombre con fecha del 4 de febrero de 2021 y del 18 de febrero de 2021, en los que hacía constar que era positivo en Covid, mientras que el hombre aportó otros dos con las mismas fechas y contenido. Todo ello, provocó la suspensión de los lanzamientos señalados por el Juzgado de Instancia para los días 10 de febrero y 3 de marzo de 2021. 

Si bien, una vez comprobada la autenticidad de los documentos, se constató que la única prueba de Covid a la que ambos se habían sometido fue el 24 de agosto de 2021, dando en ambos casos un resultado negativo.