Ecologistas aplaude la decisión judicial de anular parte del PGOU de Tudela que afecta a 115 hectáreas del río

Ecologistas en Acción valora positivamente la resolución judicial que desactiva por segunda ocasión los aspectos ambientales “más lesivos” del PGOU de Tudela de Duero, tras la sentencia de 2013 que anuló el PGOU de 2009 en su totalidad, y pide al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León “mayor rigor” en la protección del suelo rústico del municipio y de la región.

En cambio, la organización ambiental no comparte y lamenta la decisión judicial de mantener los diez sectores previstos de suelo urbanizable, con capacidad para 1.400 nuevas viviendas, cuando el suelo urbano no consolidado de Tudela de Duero tiene capacidad para 1.100 nuevas viviendas, a mayores de los centenares de viviendas posibles en el suelo urbano consolidado, que no han sido consideradas por el Tribunal a la hora de valorar las necesidades de suelo.

Así, por sentencia de 8 de febrero de 2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la desregulación de parte de los terrenos rústicos del municipio de Tudela de Duero realizada mediante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por la Junta de Castilla y León en 2021.

A instancias de Ecologistas en Acción, el Tribunal ha anulado la desprotección como suelo rústico común de 115 hectáreas en la vega oriental del río Duero, clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección agrícola por el PGOU de 1998, y donde la Junta de Castilla y León otorgó el año pasado el permiso de investigación minera "Presa" orientada a extraer grava en dicho ámbito, tramitando actualmente la autorización de la gravera "Los Nidos".

Según EA, el Tribunal considera esta pérdida de protección injustificada y contraria a las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT), ya que en "un ámbito sin apenas construcciones, son terrenos agrícolas en su mayoría de regadío, y en los que existen granjas como la Casa de Cantarranas y del Rincón" donde "el perito ha explicado que se trata de una zona de terreno rico y de riego con dotación de infraestructura como el río y el canal, aquí se localizan los meandros orientales del río Duero".

En cambio, la sentencia admite la desprotección de otras 145 hectáreas en la vega occidental del río Duero, junto al casco urbano de Tudela, ya que "es acorde con la realidad actual pues puede comprobarse que muchos cultivos ya han sido desplazados por construcciones de baja densidad y que son ilegales, encontrándose transformado y fragmentado el uso del suelo". Aceptando así la edificación ilegal del suelo como causa suficiente para su desprotección.

Por otro lado, el Tribunal ha anulado la posibilidad de rehabilitar, reconstruir, reformar y ampliar las quinientas viviendas ilegales existentes en la Huerta de Tudela de Duero, parte de ellas en terrenos inundables, "en cuanto somete al régimen previsto en la ley para los usos disconformes las viviendas aisladas construidas al margen del Planeamiento, incluidas aquellas que han sido construidas en suelo urbanizable protegido o en terrenos inundables", por lo que conforme a la normativa urbanística debieron ser declaradas fuera de ordenación.

La sentencia también señala que cualquier licencia de legalización de otras construcciones irregulares en el suelo rústico de Tudela debe precederse de la previa, preceptiva y vinculante autorización de uso excepcional en suelo rústico, que justifique el interés público de la misma.

Fracasa así el intento municipal y autonómico de legalizar el disperso residencial que ha arruinado buena parte de la Huerta de Tudela de Duero. De manera que el PGOU deberá declarar expresamente fuera de ordenación todas las viviendas y construcciones ilegales de la Huerta de Tudela edificadas en su día sobre suelo rústico protegido y/o en zonas inundables, con el objetivo de extinguir estas edificaciones, demoliéndolas una vez finalice su vida útil.

Otros preceptos anulados, en este caso con el acuerdo de la propia Junta de Castilla y León, son la posibilidad de edificar sin licencia casetas de aperos en suelo rústico, y el otorgamiento de licencias directas en suelo rústico común para actividades extractivas, irregularidades urbanísticas que fueron puestas de manifiesto sin éxito ante la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Valladolid por el vocal de las organizaciones ambientales.