El pasado 11 de octubre del año 2022, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valladolid, apuntaba, a través de un auto recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que, en fecha de 17 de marzo del año 2022, se dictaba el auto para continuar con las diligencias previas por si los hechos de Valentín González, Luis Torroglosa, Pedro Pariente, Alfonso Centeno, el reelegido alcalde de Olmedo, y Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas, fueran constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación en el conocido caso de Meseta Ski, en la provincia de Valladolid.
Tras los recursos de reforma interpuestos contra el auto, el 17 de mayo de 2022 se estimó el presentado por Luis Alberto Sánchez-valdepeñas, al considerarse extinguida, por prescripción la responsabilidad penal que pudiera exigírsele y desestimándose los recursos de los otros cuatro acusados.
El Ministerio Fiscal presentaba un escrito de acusación contra Alfonso Centeno, alcalde Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Pedro Pariente, exalcalde de Villaverde de Medina, exdiputado provincial y exvicepresidente de Sodeva, Valentín González, arquitecto de Sodeva, y Luis Torroglosa, el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, por un delito continuado de prevaricación y pidiendo una pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, así como el pago de las costas.
Tras esto se decretaba la apertura de juicio oral en dicho procedimiento y se presentaba como formulada la acusación contra los cuatro acusados: Alfonso Centeno, Pedro Pariente, Valentín González y Luis Torroglosa por ese presunto delito de prevaricación.
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Valladolid declaraba como órgano competente para el conocimiento del fallo de la presente causa a la Audiencia de Valladolid. Como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León el juicio arrancará el próximo 17 de junio y se prolongará hasta el 21 del mismo mes de este 2024.
Será la Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid la que se encargue del asunto, la misma en la que está celebrando, desde el pasado lunes 26 de febrero el juicio por los sobrecostes de la Perla Negra y los terrenos de Portillo que ponen en jaque a la cúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León por hechos que van desde el 2005 y hasta el 2011.
En la causa se encuentran personados como acusación popular, Toma La Palabra, y la Federación de Ecologistas en Acción.
Compartirán banquillo, junto a Centeno, exvicepresidente de la Diputación de Valladolid, el exalcalde de Villaverde de Medina, exdiputado provincial y exvicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación Luis Torroglosa, y el arquitecto de Sodeva Valentín González.
El proyecto de Meseta Ski en la provincia de Valladolid
Era el proyecto estrella de la Diputación de Valladolid que fue impulsado a través de SODEVA, la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, constituida en mayo del año 2004 con un Consejo de Administración que estaba presidido por Alfonso Centeno. El objetivo pasaba por dinamizar la economía de la provincia de Valladolid.
En el año 2006 fue cuando SODEVA planteó abrir un centro de deportes de invierno. Se encargó un informe para analizar las posibles localizaciones y también para realizar una pista de esquí y también de snowboard en la provincia.
Un estudio que presentaba su construcción, valorada en una inversión de 5 millones de euros en Tordesillas, para instalar una pista de 30 metros por 20 de y una pista de 300 metros de longitud de ancho para los más avanzados.
El conflicto
Fue el 27 de marzo del año 2006 cuando el Consejo de Administración de Sodeva, aprobaba, por unanimidad la redacción del proyecto de ejecución, dirección de obras y servicios adicionales en la localidad de Villavieja del Cerro, cerca de Tordesillas por un montante económico de 4.060.000 euros para un plazo de ejecución de seis meses. En el mes de abril de ese año se solicitaba al ayuntamiento de la localidad vallisoletana la cesión gratuita de los terrenos para la construcción y posterior explotación.
El escrito de acusación del caso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que el presupuesto “superaba con creces el capital de Sodeva” sin que “constara acuerdo alguno de la Diputación” que “amparara el exceso en el coste previsto del proyecto”. Finalmente sería adjudicado el 12 de junio a la empresa Corsan-Corviam Construcciones S.A. que iba a percibir “por el abono de gastos de obra 4.060.267 euros” y, posteriormente y por la explotación de servicios “2.257.122 euros”.
El Ministerio Fiscal apunta que, en lugar de comenzarse los trabajos y tras la adjudicación del proyecto, a instancia del presidente del Consejo de Administración de Sodeva, Alfonso Centeno, se reconsideraron las dimensiones del complejo para incrementar el mismo y se incrementó el coste de la obra a los 7.498.962,74 euros.
La acusación pública, en su escrito, es clara: “Los trabajos se iniciaron sin ajustarse al proyecto finalmente ofertado y adjudicado” todo ello “conforme al nuevo proyecto de la constructora sin que ello fuera tenido en cuenta a la hora de obtener licencias urbanísticas y medioambientales” y “sin la aprobación en el consejo de Sodeva” que no emitiría su voto favorable hasta “el 17 de noviembre de 2006”.
Las obras se suspendieron en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas. Después se reanudaron en enero de 2007 y arrancaron los problemas con las licencias que acabaron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid y acabaron con la paralización del proyecto. En el año 2018, las obras serían parcialmente demolidas con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Valladolid.
Se valora en 12 millones de euros el despilfarro por este proyecto que, al final, resultó fallido.