Deniegan la autorización ambiental para ampliar una granja de 3.000 a 5.000 cabezas de cerdos en la provincia de Valladolid

El Bocyl del pasado 6 de mayo publicaba una orden de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación de la Junta de Castilla y León por la que se denegaba la modificación sustancial de la autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Cogeces del Monte titularidad de Pinos Albos S.L, anteriormente Agrícola y Ganadera La Casilla S.L. que suponía “ampliar el número de plazas de esta explotación porcina de 3.288 a 4.952 cabezas”, como ha informado Ecologistas en Acción.

Con esta decisión se “ven atendidas las alegaciones” que la organización presentaba el pasado 7 de febrero en la parte en que los ecologistas “solicitaron que se denegara la modificación sustancial de la autorización ambiental solicitada” por su “incompatibilidad con la normativa sectorial” al “incumplir la distancia mínima al núcleo de Cogeces” en una “pretensión que han visto reconocida”, como celebran desde Ecologistas en Acción.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León añade que la Consejería de Medio Ambiente “ha denegado la solicitud de que se declarara de oficio la nulidad de la Resolución de 24 de abril de 2013” de la Delegación Territorial de Valladolid, “por la que se concedía autorización ambiental a esta explotación porcina por incurrir en el supuesto de nulidad de pleno derecho”.

“La modificación sustancial de la autorización ambiental solicitada correspondía a la ampliación de una explotación intensiva de ganado porcino con capacidad final para 4.952 cerdos de cebo, lo que supone un total de 594,24 Unidades de Ganado Mayor (UGM), ubicada en el municipio de Cogeces del Monte (Valladolid), cuyos purines se gestionarían como abono agrícola en 242 hectáreas de los términos municipales de Torrescárcela (Valladolid) y Olombrada (Segovia)”, señala la organización.

Añaden que, como Ecologistas en Acción Valladolid puso de manifiesto en otras alegaciones presentadas en otra fase de tramitación de este proyecto el 20 de septiembre de 2021, “la explotación intensiva porcina que se pretendía ampliar se sitúa a una distancia de 880 metros del casco urbano de Cogeces del Monte” y “por tanto incumplía la distancia mínima de 1.000 metros establecida por el Anexo V del Real Decreto 306/2020 de 11 de febrero” por el que “se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo”.

“Se daba la circunstancia de que el Plano 3 del Proyecto medía dicha distancia desde el centro geométrico de la parcela, y no desde el lugar donde se alojan los animales más próximo al casco urbano de Cogeces del Monte, según establece el artículo 7.A.4 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero. Aun así, el radio de un kilómetro grafiado interfería con el Suelo Urbano delimitado por las Normas Urbanísticas Municipales de Cogeces del Monte”.

Esta circunstancia “fue apreciada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid”, que “en consecuencia inadmitió la solicitud de evaluación de impacto ambiental por el incumplimiento de la legislación sectorial y su consecuente inviabilidad”. “Derivó todo ello en el informe desfavorable de la concesión de la modificación sustancial de la autorización ambiental para la ampliación de explotación porcina que se le trasladó a la organización ecologista en audiencia a principios de 2024”, señalan.

En las alegaciones presentadas al 7 de febrero por Ecologistas en Acción también exponían que la misma situación de incumplimiento de la legislación sectorial se da en el caso de la autorización ambiental original, otorgada por Resolución de 24 de abril de 2013 de la Delegación Territorial de Valladolid (BOCyL de 13 de mayo de 2013), que de manera errónea señala que dicha explotación "cumple las distancias exigidas en el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas", por lo que solicitaron que dicha autorización debía revocarse para en consecuencia ordenar el desmantelamiento de la explotación ganadera citada, si bien no han visto atendida esta segunda pretensión.