En la Audiencia de Valladolid se va a celebrar, el próximo lunes, 24 de junio, el juicio contra una agente de la Policía Nacional para la que la Fiscalía pide casi 11 años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de descubrimiento y revelación de secretos. Además, se sentará en el banquillo su pareja para el que el Ministerio Fiscal pide cuatro años y seis meses de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, explica que, a finales de enero de 2023, agentes del Grupo 50 de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, como consecuencia de avisos recibidos, comenzaron una labor de vigilancia y seguimiento ante la probabilidad de que O.R.G., agente de dicho cuerpo policial con destino en la Unidad Central de Protecciones de la Brigada Provincial de Apoyo Operativo y Control perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana “se estuviera dedicando al tráfico de drogas” en su domicilio e inmediaciones.

La acusada desempeñaba su actividad laboral lejos de Valladolid, pero residía en la ciudad del Pisuerga junto a su pareja, el también acusado C.A.G, afirma el escrito de acusación.

Fruto de estas vigilancias, los agentes “pudieron comprobar” como en el domicilio “se producían frecuentes visitas de escasos minutos e incluso segundos” apreciando el “intercambio de objetos de pequeñas dimensiones de mano a mano” también, como señala la Fiscalía, que “alguna de las personas que acudieron al lugar procedían a consumir sustancia, aparentemente cocaína”.

Como consecuencia de estas investigaciones y tras varias llamadas entre los acusados, la Unidad de Asuntos Internos solicitó al Juzgado de Instrucción Número 3 de Valladolid la entrada y registro en el domicilio de los acusados, que fue acordada, mediante resolución de 6 de junio de 2023 para su práctica al día siguiente.

En el dormitorio principal se encontraron 17 billetes de 50 euros y otros 850 ocultos entre el colchón y el somier de la cama y también droga. De hecho, la Fiscalía apunta que el precio total de la droga intervenida en el domicilio, que “iba a ser destinada a terceras personas”, asciende a los 3.031,75 euros.

La investigación llevada a cabo por parte del Grupo de Asuntos Internos “también permitió conocer que la acusada, aprovechando su condición de agente de la Policía Nacional, accedió, para fines particulares a información de carácter restringido o reservado, sin estar debidamente autorizada para ello”.

Fue, en fecha de 9 de junio de 2023, cuando se acordó la prisión provisional de los acusados, situación en la que se encuentra, en la actualidad, O.R.G., habiendo sido puesto en libertad C.A.G. el 12 de septiembre de 2023.

La Fiscalía acusa a O.R.G., la agente, de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud y de otro de descubrimiento y revelación de secretos.

Por el delito contra la salud pública, el Ministerio Fiscal pide siete años y seis meses de prisión para ella, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena de 11.000 euros de multa.

Por el de descubrimiento y revelación de secretos pide penas de tres años y tres meses de prisión y 21 meses de multa, además de la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de ocho años.

Para C.A.G., la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión por el delito contra la salud pública, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y 6.000 euros de multa, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 300 euros o fracción impagados.

El juicio, este lunes en la Audiencia de Valladolid.