La Fiscalía ha mantenido hoy, durante la última sesión del juicio por el caso ‘Meseta Ski’, que el proyecto para ejecutar el complejo de ocio que la Diputación de Valladolid, a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva), pretendía construir en Tordesillas, no fue adjudicado mediante concurso público, a la vez que denunció que tanto la licencia de obras del Ayuntamiento de Tordesillas, como la declaración de impacto ambiental positiva emitida por la Junta de Castilla y León, se lograron “bajo mentiras”, dado que se presentó un proyecto que no se ejecutó.

Además, en su alegato final, la fiscal dejó clara sus sospechas de que la única razón por la que el contrato firmado con la empresa Corsán-Corviam no se cumple y se decide introducir cambios sustanciales en el proyecto inicial, tan importantes como que se triplica la superficie de intervención y el coste pasa de algo más de cuatro millones a nueve, es la relación de amistad entre el que era vicepresidente de la Diputación y presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, y el propietario de la constructora.

En este sentido, hizo referencia a un viaje que hicieron juntas las familias de Centeno y del responsable de Corsán-Corviam a Japón, aunque recalcó que quedó demostrado que cada familia se pagó sus gastos.

El Ministerio Público mantiene la petición de pena de siete años de inhabilitación para cargo público para Alfonso Centeno, que en la actualidad continúa siendo alcalde de Olmedo, por un delito continuado de prevaricación, y las mismas penas para el exalcalde de Villaverde de Medina y exvicepresidente de la Sociedad, Pedro Pariente; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, y el arquitecto de Sodeva Valetín González.

La Fiscalía también argumentó que Sodeva logró las licencias presentado el proyecto que fue adjudicado a Corsán-Corviam y que nunca fue ejecutado. A su vez, señaló que está demostrado que Sodeva, a pesar de ser una sociedad pública que funcionaba gracias a los fondos de la Diputación, actuó de forma arbitraria y fuera de la legalidad a la hora de ejecutar el proyecto.

En la misma línea se pronunció el abogado de la acusación popular, ejercida por Ecologistas en Acción e Izquierda Unida, que en su caso reclama para los acusados once años de inhabilitación y una indemnización que roza los doce millones. El letrado tildó el proyecto de “capricho” y “ocurrencia” de una persona que tenía el poder -en referencia a Centeno- “con el fin de beneficiar a una empresa”.

En este sentido, indicó que ‘Meseta Ski’ nunca contó con unos informes sólidos y detallados que recomendaran su construcción, e indicó que la promoción de este tipo de instalaciones tampoco era la función con la que se había creado Sodeva. A su vez, indicó que Centeno logró imponer su interés personal dentro de la sociedad rodeándose de personas que bien eran funcionarios que en la Diputación estaban bajo sus órdenes, como era el caso de Luis Torroglosa, o persona de su confianza, como la directora de administración de Sodeva, que fue su “mano derecha” durante muchos años en el Ayuntamiento de Olmedo.

Por su parte, los abogados de los acusados reclamaron la absolución de sus clientes y sostuvieron que todo el proceso se hizo conforme a la legalidad.