El promotor del no concierto de Isabel Pantoja en Valladolid demandará al productor de la gira

El pasado lunes, 8 de julio, EL ESPAÑOL de Castilla y León les contaba que la cancelación del concierto de Isabel Pantoja, abría una polémica que ha ido creciendo, a lo largo de toda la semana y con el paso de las horas.

La tonadillera cancelaba, el pasado 27 de julio, un concierto que debía haberse celebrado el día 29, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros de la ciudad del Pisuerga, dentro de su gira ’50 años’, para hacer un recorrido por toda su trayectoria a través de los mejores éxitos de su carrera musical.

Justificaba la decisión de suspender el espectáculo por una “crisis de agotamiento” que acababa con la artista pasando varias horas en el servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La polémica surgía cuando el promotor del concierto en Valladolid, Roberto Martín, exigía al productor de la gira, Enrique Castilla, un montante económico que asciende a más de 300.000 euros.

“El concierto se suspendió por la enfermedad de Isabel Pantoja. Yo no firmo el contrato con ella, sino con Enrique Castilla que es el productor que compra los derechos de la gira. A día de hoy no me ha abonado nada”, confesaba Martín el lunes.

Pide un total de 330.000 euros, de los cuales 200.000 son en concepto de caché y otros 130.000 por la producción y afirma que “tienen que abonarme esa cantidad porque, en caso de enfermedad o de accidente, se estipulaba en el contrato que el titular, Enrique Castilla, es el que tiene que abonar al promotor, que soy yo, esa cantidad”, añadía.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Roberto Martín, ha asegurado que, a fecha de este viernes, “no ha recibido el dinero que reclama” y ha asegurado que “acudirá a los tribunales”. Será el próximo lunes, 15 de julio, cuando acudan a los tribunales para interponer esta demanda. Falta saber si en Valladolid o en Las Palmas de Gran Canaria.

El vallisoletano ha añadido que van a tratar el caso “no como una suspensión por enfermedad” sino como “una cancelación unilateral” y ha finalizado sentenciando que “no tenemos ni el pago, ni una intención de hacerlo mediante escrito de compromiso”.

Un conflicto que llegará al juzgado.