El tener un suministro de agua adecuado en todo el territorio de Castilla y León es uno de los objetivos de la Junta. Por eso, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se ha firmado un acuerdo con la Diputación de Valladolid para elaborar un Programa de Actuaciones de Abastecimiento en la provincia y así impulsando las obras hidráulicas en Valladolid.

De esta manera, se harán “las infraestructuras que sean necesarias y que surjan como resultado de la redacción de dicho Programa”, aseguran desde la Junta. Así como un estudio de la forma más adecuada para el mantenimiento, explotación y gobernanza de las infraestructuras creadas.

“La prioridad es construir abastecimientos mancomunados o colectivos que garanticen las necesidades de agua potable de los municipios con problemas constatados de la forma más eficiente. Además, se prevé la construcción o ampliación de depósitos para aumentar la capacidad de regulación; y, finalmente, se adoptarán soluciones individuales sostenibles en el caso de que no proceda un abastecimiento mancomunado o colectivo”, aseguran.

La Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de la provincia cuentan actualmente con 134 depuradoras de aguas residuales que se encuentran en distintas fases de ejecución y operación en la provincia, con una inversión conjunta que suma 134 millones.

“La financiación de las infraestructuras tendrá las siguientes proporciones: 40 % la Junta de Castilla y León, 40 % la Diputación de Valladolid, ambas a fondo perdido, y 20 % el ayuntamiento del municipio donde se sitúe la infraestructura. Dicho 20 % podrá ser financiado por la Junta hasta a 25 años si el ayuntamiento correspondiente así lo solicitara. El mantenimiento y la explotación serán sufragados por los municipios”.

“Para los nuevos abastecimientos colectivos se diseñará un sistema adecuado de gestión en el que se integrarán todas las partes firmantes y los municipios implicados. El desarrollo del Programa de Actuaciones se efectuará mediante acuerdos con la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, SOMACYL, que aseguren la correcta ejecución, mantenimiento y explotación de las instalaciones”.