El Grupo Municipal Socialista en Laguna de Duero ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento “no tiene ningún tipo de contrato” con la empresa que encargada del control de la planta potabilizadora del municipio vallisoletano.
El PSOE afirma que “no existe contrato” para “la realización de los análisis periódicos y obligatorios que la legislación determina, lo que “supone el incumplimiento de la legalidad vigente con respecto a la contratación municipal” y afirman que por ello dichos análisis “podrían ser ilegales o no válidos”.
“De todos es conocido la mala calidad del agua que ha salido por nuestros grifos en los últimos meses. El grupo municipal socialista solicitó datos de la analítica periódica que realiza el Ayuntamiento, así como la de laboratorio externo que obliga la ley”, explican en el comunidad.
Una analítica que según el PSOE “demostraba que el agua no era apta para el consumo al superarse continuamente los umbrales de turbidez permitidos por la ley, durante al menos el periodo de febrero y marzo” ya que los datos “posteriores a abril y mayo aún no nos han sido facilitados por el Ayuntamiento, después de 3 meses de la solicitud”, explican los socialistas.
EL PSOE añade que, a la vista de la analítica y la “falta de comunicación a la población de la incidencia” lo puso en conocimiento de la autoridad sanitaria de la Junta de Castilla y León en mayo lo que “motivó que el Ayuntamiento comenzara una actuación de emergencia en la planta potabilizadora por 128.978 euros que, a día de hoy no ha concluido”, afirman.
“Vistos todos los resultados de nuestra investigación y conociendo que desde octubre de 2023 el control y gestión de la potabilizadora corresponde a una empresa privada, por jubilación del químico municipal, solicitamos en julio el contrato de gestión de la planta potabilizadora con la empresa, para conocer que actividades estaba obligada a realizar y cual eran sus responsabilidades contractuales”, añaden.
Los socialistas finalizan apuntando que, a fecha de hoy, el Equipo de Gobierno “no ha sido capaz de encontrar dicho contrato” y “en este mes de agosto se ha abierto un expediente concreto para la contratación del servicio que se lleva prestando desde hace 10 meses”.
“Esto nos da pie a denunciar que la gestión de nuestra planta potabilizadora a una empresa privada no está amparada por la Ley de Contratos de la Administración pública. A este respecto se estudiarán las responsabilidades administrativas y legales que este incidente pudiera tener”, finaliza el comunicado.