Los vecinos de 'Arroyovereda' llevan dos años viviendo en una "situación de conflicto y alteración de la convivencia" por la okupación de decenas de domicilios. Esto ha llevado a Independientes por Arroyo de la Encomienda a trasladar una moción en el próximo pleno para exigir una batería de reformas legales contra estas actuaciones.
Desde IPAE explican que la moción solicitará al Gobierno de España una batería de reformas legales tras el "fracaso" de la reciente Ley de Vivienda en su lucha contra la okupación y que además "ha empeorado la situación preexistente aún más".
El escrito de los municipalistas recuerda que "las soluciones a la evidente falta de vivienda en el país no pueden pasar en ningún caso por estas expropiaciones encubiertas por parte del Gobierno de España, con las que trata de suplir su falta de acción".
Precisamente, hacen referencia directa al caso de 'Arroyoverada', con 50 pisos okupados, uno ya "legalizado por el Sareb al incluirlo en su programa de alquiler social".
De esta manera, plantean con esta moción el "rechazo a cualquier forma de ocupación ilegal de viviendas" y su muestran su "apoyo a los vecinos que están sufriendo sus consecuencias".
En esta línea, la formación municipalista ha incidido en que los vecinos de 'Arroyovereda', en la calle Narciso Monturiol, son "víctimas del propio sistema y de una convivencia obligada con quienes han ocupado lo que no es suyo".
Con su escrito quieren "promover y aprobar todas las reformas legales necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad de las personas y bienes".
Entre las baterías de medidas, hablan de la necesidad de "arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente" y exigen al Gobierno el "cese en la aplicación de políticas que, de facto, legalizan okupaciones", haciendo alusión al programa de alquiler social del Sareb.
La moción de IPAE también pide "habilitar a las Juntas de Propietarios para instar a los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente" y "modificar la Ley de Bases de Régimen Local en el sentido de evitar la inscripción en el padrón municipal de cualquier ocupante ilegal y que su inscripción se considere nula a todos los efectos, incluida su utilización como prueba de residencia o domicilio".