El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y la Sareb han mantenido este lunes, 7 de octubre, una reunión de trabajo con el fin de “abordar la problemática derivada de la okupación de medio centenar de viviendas” en la calle Narciso Monturiol.

La mayor parte de estas viviendas están pendientes de que los juzgados de Valladolid dictaminen su desalojo tras un conflicto que se prolonga ya durante dos años y con una gran batalla entre propietarios y okupas.  

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una entidad que, como apunta el consistorio arroyano, está participada en más del 50% por el Gobierno de España, ha explicado su trabajo en la comunidad Arroyovereda para recuperar los “pisos usurpados ilegalmente”.

También se ha analizado la situación convivencial en la zona, de cara a la posible inclusión en el Programa de Alquiler Social del Sareb de alguna familia “declarada como vulnerable económicamente”.

Una reunión en la que han estado presentes el concejal de Presidencia y Seguridad, el jefe de la Policía Local y la responsable del Centro de Acción Social de Arroyo, que relataron los problemas de convivencia y seguridad que vienen registrándose en la zona.

“Dejamos muy claro que el Ayuntamiento de Arroyo se opone a que se legalice a ningún okupa a través de estos alquileres sociales promovidos por la Sareb”, ha apuntado Alfonso González Mozo, que ha recordado la moción impulsada por IPAE y respaldada en el pleno.

Se ha defendido en dicha reunión que “los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza”, señala el edil.

Recuerda que esto “puede acabar provocando un ‘efecto llamada’”. “Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí”.

El Ayuntamiento ha explicado a la Sareb que “la convivencia en el entorno de la calle Narciso Monturiol está muy afectada, con frecuentes intervenciones de la Policía Local y con problemas que muchas veces se silencian por el miedo que tienen muchos vecinos a estos okupas”.

“La comunidad Arroyovereda no necesita alquileres sociales, lo que hace falta es seguir trabajando de la mano de los juzgados para ir desalojando y asegurando esas viviendas para que no vuelvan a okuparse. Que no olviden quiénes son los verdaderos vulnerables”, concluye.

"Compleja situación"

La compañía ha señalado que recibió estas viviendas en el año 2023 cuando estaban ya habitadas de manera irregular y desde entonces ha estado trabajando en analizar la situación de las personas que habitan sin título esas viviendas.

Un trabajo que se ha saldado con la presentación de 44 denuncias judiciales por la vía civil o penal para solicitar el desalojo de vecinos conflictivos y/o no vulnerables. La compañía también se ha subrogado en los alquileres considerados vigentes por el Juzgado.

Además, ha firmado un alquiler social con acompañamiento y, ha detectado vulnerabilidad en otros 15 casos. El análisis de esos casos ha sido compartido este lunes con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para contrastar si se debe proceder a la firma de un alquiler social con acompañamiento.

Sareb quiere expresar su voluntad de gestionar esta "compleja situación" en colaboración con el Ayuntamiento. La compañía no seguiría adelante con la firma de estos alquileres sociales y comenzará el procedimiento judicial para recuperar la posesión de las viviendas. 

Para ello, han de darse los siguientes supuestos: si los Servicios Sociales de dicho Consistorio certifican formalmente que sus respectivos residentes no son vulnerables; aportan un informe policial que acredite que son conflictivos; o facilitan una solución habitacional para las familias afectadas.

Si no se da ninguno de los tres supuestos anteriores, Sareb seguirá adelante con su protocolo de gestión de la vulnerabilidad, adecuándose así al marco legal establecido para grandes tenedores de vivienda que prohíbe el lanzamiento de residentes vulnerables sin alternativa habitacional.

El Programa de Alquiler Social con Acompañamiento de Sareb está sujeto a la corresponsabilidad de las familias que forman parte de él y son acompañadas por los mediadores sociales de la compañía para trabajar conjuntamente en superar su situación de riesgo de exclusión.

Este programa acaba de cumplir dos años y ha sumado ya 8.000 alquileres aprobados en todo el territorio español.