El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y la Sareb han mantenido este lunes, 7 de octubre, una reunión de trabajo con el fin de “abordar la problemática derivada de la okupación de medio centenar de viviendas” en la calle Narciso Monturiol.

La mayor parte de estas viviendas están pendientes de que los juzgados de Valladolid dictaminen su desalojo tras un conflicto que se prolonga ya durante dos años y con una gran batalla entre propietarios y okupas.  

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La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una entidad que, como apunta el consistorio arroyano, está participada en más del 50% por el Gobierno de España, ha explicado su trabajo en la comunidad Arroyovereda para recuperar los “pisos usurpados ilegalmente”.

También se ha analizado la situación convivencial en la zona, de cara a la posible inclusión en el Programa de Alquiler Social del Sareb de alguna familia “declarada como vulnerable económicamente”.

Una reunión en la que han estado presentes el concejal de Presidencia y Seguridad, el jefe de la Policía Local y la responsable del Centro de Acción Social de Arroyo, que relataron los problemas de convivencia y seguridad que vienen registrándose en la zona.

“Dejamos muy claro que el Ayuntamiento de Arroyo se opone a que se legalice a ningún okupa a través de estos alquileres sociales promovidos por la Sareb”, ha apuntado Alfonso González Mozo, que ha recordado la moción impulsada por IPAE y respaldada en el pleno.

Se ha defendido en dicha reunión que “los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza”, señala el edil.

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Recuerda que esto “puede acabar provocando un ‘efecto llamada’”. “Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí”.

El Ayuntamiento ha explicado a la Sareb que “la convivencia en el entorno de la calle Narciso Monturiol está muy afectada, con frecuentes intervenciones de la Policía Local y con problemas que muchas veces se silencian por el miedo que tienen muchos vecinos a estos okupas”.

“La comunidad Arroyovereda no necesita alquileres sociales, lo que hace falta es seguir trabajando de la mano de los juzgados para ir desalojando y asegurando esas viviendas para que no vuelvan a okuparse. Que no olviden quiénes son los verdaderos vulnerables”, concluye.