En la mañana de este jueves, 17 de octubre, ha arrancado en la Feria de Valladolid el ‘macrojuicio’ por estafas bancarias en el que estaban acusadas un total de 63 personas, pero, al menos cinco, habrían llegado ya aun acuerdo previo.
Estas personas habrían llegado a estafar unos 800.000 euros a diversas entidades bancarias entre los años 2014 y 2016, cuando los acusados, aportando documentos falsificados, lograron créditos para la adquisición de vehículos de segunda mano que no devolvieron.
Estos son los hechos que juzga la Audiencia de Valladolid que, ante el número tan elevado de implicados, ha tenido que trasladar la causa a la Feria de Valladolid.
Se trata del segundo pleito que se celebra fuera de la sede del Palacio de Justicia de la capital, tras el de octubre de 2018 en el que 65 personas se sentaban en el banquillo acusadas de fraude a la Seguridad Social. 57 pactaron penas antes del inicio de la vista.
Los cabecillas
En este caso, la Fiscalía reclama para el conjunto de los encausados, un conjunto de penas que suman más de 500 años de cárcel. En concepto de responsabilidad civil también solicita indemnizaciones que superan los 780.000 euros en beneficio de las entidades bancarias perjudicadas.
A 18 años de cárcel se enfrentan los siete cabecillas de la organización: A. I. B., J.M. P, M.Y. L., B. M., R.A. P., S. P. y A. M. por un delito continuado de estafa en concurso medial con delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal y uno más de blanqueo de capitales.
Macrojuicio por las estafas bancarias en Valladolid
La trama
Según apunta el escrito de la Fiscalía, los organizadores realizaban estudios previos en diversos bancos y una vez conocidos los requisitos que exigían para conceder un préstamo, falsificaban documentos y seleccionaban a las personas que solicitaban personalmente dichos préstamos.
En la mayor parte de los casos eran para comprar automóviles de segunda mano. Mientras, que otras personas se dedicaba a hacer ingresos en las cuentas de las personas que solicitaban los créditos y que simulaban ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios.
Según el fiscal, las manipulaciones no solo afectaban al documento en que se plasmaba la finalidad del préstamo, sino también, ya que era imprescindible para aparentar la solvencia exigida por los bancos, a las nóminas, extractos bancarios, declaraciones de IRPF e informes de vida laboral.
Junto a los cabecillas, para la consecución de los planes, la banda utilizaba a las personas que solicitaban los créditos, plenamente conscientes de cuáles eran su ingresos, su trayectoria laboral y que nunca habían gestionado la compra de ningún vehículo.
Una vez concedido el préstamo e ingresado el dinero en la cuenta del solicitante, menos una parte que se quedaba la persona que solicitaba el crédito, el resto del dinero llegaba a manos de los organizadores de la red, bien por transferencias a sus cuentas corrientes, bien por ingresos en metálico en las mismas, o entrega del dinero en mano.
En muchos casos, el control de las cuentas corrientes quedaba en manos de los cabecillas del grupo, a quienes los receptores de los créditos entregaban las claves necesarias para operar con las mismas.