La Fiscalía de Valladolid ha solicitado una multa de 20 meses a razón de 10 euros que ascendería a los 6.000 euros para un nonagenario por un presunto delito de agresión sexual, por tocar, presuntamente, la zona genital a una joven de 21 años en la Plaza de San Miguel.
El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, dirige su acusación contra C.R.B, un nonagenario que acudió, sobre las 12.40 horas del 3 de septiembre de 2022 hasta un banco de la Plaza de San Miguel donde se encontraba sentada una joven de 21 años.
El acusado se sentó con ellos, ya que también estaba el joven de la presunta víctima y “comenzó a conversar” hasta que, en un momento dado, el hermano se marchó y el tono de la conversación, según la fiscal, “cambió”.
“Comenzó a realizarle preguntas de carácter sexual tales como: ¿Te han dado alguna vez por el culo? ¿Te gustan las pollas grandes?”, apunta la fiscal que añade que a la joven le incomodaron estas cuestiones y “se levantó queriendo abandonar el lugar”.
Fue en ese momento cuando el acusado le dijo a la mujer, siempre según el relato de la Fiscalía: “perdona, me has puesto muy cachondo” y “guiado por el ánimo de atentar contra su libertad sexual” y “sin mediar consentimiento de ella, tras agarrarla del brazo, le metió la mano por debajo de la pernera de los pantalones cortos que llevaba”.
“Llegó a tocarle la zona genital”, añade la fiscal que apunta que la joven “abandonó el lugar dando aviso inmediatamente de lo que había sucedido”.
La perjudicada “no sufrió lesiones físicas” aunque lo ocurrido “le generó un cuadro de ansiedad” y “sin renunciar a la indemnización que pudiera corresponderle por los perjuicios sufridos”.
Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y pide para el acusado una pena de 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros.
También, una pena accesoria de prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia no inferior de 500 metros, a su domicilio o cualquier lugar frecuentado por ella y a comunicarse con ella por un plazo de dos años.
También, la inhabilitación especial de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior a 2 años.
Desde la defensa ejercida por Fernando Capellán de Abogados Tresierra y Asociados, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, han indicado que “van a luchar por la libre absolución” ya que “no existen medios de prueba que justifiquen la calificación de la fiscal”.