El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha remitido esta semana tres cartas a las presidentas de las federaciones regional y nacional de municipios y provincias, así como al Defensor del Pueblo, para pedir su apoyo en la lucha contra la okupación.

Se trata de un problema que, según Fernández, "se vive desde hace casi tres años en una comunidad de vecinos de Arroyo, pero que se extiende a otras localidades y ayuntamientos de todo el país".

Por ello, el regidor exige la "implicación" de la  Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL), de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Defensor del Pueblo en "la denuncia y búsqueda de soluciones reales a la okupación de viviendas".

"Ese asalto a la propiedad privada se ha convertido en un método indirecto para el acceso a una vivienda social sin que sus beneficiarios tengan que cumplir con el procedimiento establecido para beneficiarse de esa ayuda pública”, ha asegurado en sus cartas a Ángeles Armisén, María José García Pelayo y Ángel Gabilondo.

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ya aprobó recientemente una moción en este mismo sentido, en la que conminaba al Gobierno y a las Cortes Generales a la adopción de medidas y cambios legales para arbitrar herramientas para luchar contra esta compleja problemática.

Fue impulsada por Independientes por Arroyo de la Encomienda (IPAE) y apoyada por todos los grupos municipales, excepto el PSOE, que se abstuvo.

"La okupación ha derivado en un perverso e ilegal sistema de acceso a la vivienda. Primero se asalta y ocupa ilegalmente una propiedad y, posteriormente, abusando del sistema de protección social, se obtiene el título para mantenerse de forma permanente en ella", censura el alcalde de Arroyo en sus cartas.

Fernández ha apuntado directamente al Gobierno, al que acusa de "promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario". Una situación que "no ocurre en ningún país de la Unión Europea y sobre lo que la FEMP guarda silencio".

El regidor pone el ejemplo de lo que sucede en la comunidad Arroyovereda, donde "más de 200 vecinos llevan casi tres años soportando una situación de conflicto social motivada por la okupación de cerca de la mitad de las viviendas del edificio en el que residen".

"Esto, lejos de resolverse, lleva camino de consolidarse debido a que los ocupantes ilegales están cerca de obtener su premio con la conversión en viviendas sociales de estos inmuebles por las que abonarán un alquiler social al Sareb", ha afirmado.

En este sentido, critica con severidad el papel que juega esta entidad, creada por el propio Estado en 2012 y que "parece haberse convertido en una suerte de inmobiliaria que regala alquileres sociales y convierte en públicos unos inmuebles que no se concibieron para tal fin, obviando el daño que causan al resto de propietarios".

"Desde nuestro Ayuntamiento no estamos dispuestos a admitir que las perjudicadas sean las familias", advierte el alcalde de Arroyo, quien ve “urgente arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente".

También ha pedido "revisar la aplicación de políticas que, de facto, legalizan okupaciones al amparo de los sistemas de protección social del que abusan los ocupantes ilegales".

Por todo ello, exige a las tres instituciones "una defensa firme de la autonomía municipal y autonómica en materia de vivienda, sin la interferencia del Estado, a través del Sareb".

Y también promover cambios legislativos para modificar "esta perversa Ley de Vivienda que favorece al okupa y castiga al propietario", así como la Ley de Bases de Régimen Local que "viene obligando a los ayuntamientos a empadronar a los okupas".