Ecologistas en Acción ha denunciado, a través de un comunicado recogido a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León “propondrá la aprobación de una declaración de impacto ambiental favorable para la ampliación de la capacidad del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga”.
Lo hará, según los Ecologistas, en la mañana del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del territorio y se pedirá “la ampliación en 125.000 metros cúbicos ya autorizados, ante la próxima colmatación de dicho vertedero”.
Una ampliación que “ha sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa) que pertenece al grupo Urbaser” al “no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014” ni “por la autorización ambiental vigente del vertedero” y “tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015”, denuncian los Ecologistas.
Señalan que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga “ha emitido en junio un informe urbanístico negativo” y concluye que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”.
Todo, al prohibir, expresamente, el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa, en un informe que “es vinculante” y “determina el archivo de las actuaciones” según la legislación sobre prevención de la contaminación y evaluación de impacto ambiental, pero, como señalan las mismas fuentes “la Consejería pretende eludir dicho archivo”.
“Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y al grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley “ad hoc” declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales”, señalan.
Añaden que, además, se trata de un “comportamiento que incrementa la amenaza sobre el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid”.
La organización ambiental ha informado que propondrá en la reunión de mañana que “se inadmita la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental” al “existir un pronunciamiento del órgano competente” en el que “se pone de manifiesto la inviabilidad del proyecto”.
Todo, basado en el “incumplimiento del vigente planteamiento urbanístico y pedirá, asimismo, el archivo del expediente de autorización ambiental” advirtiendo de las “responsabilidades en que pudiera incurrir el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de aprobar el proyecto contra lo dispuesto legalmente.
Ecologistas en Acción va a recordar la necesidad de “sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace una década” tras “la sentencia judicial que anuló el pasado mes de marzo el intento de la Junta de revisarlo por la puerta de atrás” para consolidar el papel de Castilla y León “como sumidero de los residuos industriales peligrosos de España”.
El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios “ha acumulado numerosos incidentes”.
Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en más de su tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León.
Medio ambiente
La Consejeria de Medio Ambiente ha confirmado a este medio que se está tramitando la autorización ambiental del proyecto, así como "la adaptación de las instalaciones a la normativa de vertederos y a la nueva ley de residuos".
Además, ha señalado que "la modificación proyectada no supone un aumento de la capacidad ya aprobada".
En cuanto a la viabilidad urbanística, la Consejeria expone que "consta en el expediente informe de fecha 19 de junio de 2024", del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, donde se concluye que "no se incumple el artículo 145 del PGOU de Santovenia de Pisuerga".
Por lo tanto, concluyen que "no exite motivo de inadmisión de la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental", que es el impedimento para seguir con la tramitación ambiental integrada.