La Policía Nacional le consideró como el “ideólogo” del crimen de la Circular y R. A.R. se va a sentar, el próximo 2 de diciembre en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Se le acusa, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León de un delito continuado de estafa en concurso medial con otro de falsedad documental una pena de 5 años de cárcel y 4.500 euros de multa.
R.A.R., como sigue el escrito, fue imputado por un presunto delito de estafa a entidades bancarias. Pedía préstamos para tratamientos dentales inexistentes y buscaba la concesión de los créditos con documentación y distintas nóminas que resultaban ser falsas.
La Fiscalía apunta que no actuó solo, sino formando parte de una red que buscaba engañar a los bancos. C.C.P. era la trabajadora de la entidad que, presuntamente, ayudó a conseguir estos préstamos. Para ella, el Ministerio Fiscal pide también 5 años de cárcel.
12 personas más eran los solicitantes de los préstamos que también se sentarán este lunes, 2 de diciembre, en el banquillo. Consiguieron, según apunta el escrito de la Fiscalía, gratificaciones a cambio de prestarse a ser los solicitantes de los créditos.
La Fiscalía pide una condena de dos años y medio de prisión para cinco de ellos y un año y medio de cárcel en los siete restantes.
El escrito apunta que Rubén A.R. y C.C.P “se dedicaron a obtener fraudulentamente préstamos personales y otros productos crediticios, vinculados a tratamientos dentales en la clínica de R.A.R., falsificando la documentación laboral de los solicitantes”.
Unas estafas que se habrían producido entre junio de 2016 y febrero de 2017. En total consiguieron 18 préstamos. 12 en el banco en el que trabajaba la imputada y dos por valor de 20.800 euros. Los otros se solitarios a cuatro entidades bancarias.
La cuantía de los préstamos era sumamente elevada para el tratamiento bucodental que les iba a prestar Rubén en su clínica. De hecho, uno de los pacientes solicitó, ni más ni menos que 17.781 euros. Otro de 18.218.
La investigación ya revelaba que algunos de los documentos que se presentaron para obtener estos créditos eran de fácil desmontaje, sin embargo, las entidades financieras mordieron el anzuelo.
El juicio, el próximo martes, 2 de diciembre, en la Audiencia de Valladolid.