Agentes de la Policía Nacional han efectuado un total de 8 detenciones que están encuadradas dentro de la Operación Sede, como han informado fuentes policiales.
Desde hace tres años, agentes de la Policía Nacional en Valladolid mantenían una férrea vigilancia de grupos de menores con el fin de evitar que emulasen prácticas de grupos juveniles violentos tales como los Dominican Don’t Play o DDP.
La labor policial ha dado como resultado que, cuando se han producido agresiones de manera puntual por parte de estos menores, a otros jóvenes a los que consideraban contrarios a su modo de vida, rápidamente se les han imputado estos delitos dando una respuesta pronta y eficaz.
Dentro de este control a los menores, en la noche del pasado 6 al 7 de enero de 2024, los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de una agresión que realizaron con armas blancas en un locutorio de la capital produciéndole heridas de severa consideración.
Los autores de esta agresión fueron detenidos y a raíz de las mismas, se llevaron a cabo un total de cuatro entradas y registros en diferentes viviendas de la capital en la que se intervinieron varias armas blancas como machetes y prendas y vestimentas de referencias latinas de grupos violentos.
Esta agresión desencadenó en una investigación con el nombre de Operación Sede que ha finalizado con ocho detenciones.
Las minuciosas investigaciones desarrolladas por los agentes de la Policía Nacional determinaron una estructura, finalidad y jerarquía y reparto de funciones, dando como resultado un total de 17 personas imputadas por un delito de pertenencia a grupo criminal y siendo 8 detenidas.
La intención de los cabecillas de estos jóvenes era establecer en Valladolid un grupo juvenil violento a semejanza de los Dominican Don’t Play, igual a los que hay en otras capitales fuera de la comunidad como Madrid o Barcelona.
Gracias a las imputaciones de los jóvenes se considera abortado de raíz este intento de establecer un grupo violento en la capital Valladolid.
De los 17 imputados, hay dos en prisión, cuatro en régimen cerrado en centros de menores y los restantes con diferentes situaciones y medidas cautelares.