Los senadores y diputados riojanos del Partido Popular en Valladolid y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han mantenido hoy una reunión para exigir al ministerio de Sanidad la urgente resolución del grave problema generado con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), como consecuencia de la “incompetente e irresponsable gestión” del Ejecutivo central socialista, que podría provocar el colapso del sistema público sanitario en las CCAA, entre ellas, Castilla y León.
Mercedes Cantalapiedra, Arenales Serrano, Eduardo Carazo y José Ángel Alonso, junto a Conrado Íscar, como presidente del PP de Valladolid, han mantenido un encuentro este viernes en la sede del PP con la presidenta de la CSIF, María José San Román, para conocer de primera mano la situación y trasladar su apoyo a los trabajadores públicos.
“El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en jaque un modelo que lleva funcionando 50 años y que en Valladolid afecta a 22.255 funcionarios”, ha censurado Cantalapiedra quien ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Popular “hemos formulado preguntas en el Senado y el Congreso, aún sin contestar, y solicitado las comparecencias de los ministros Óscar López y Mónica García para que den explicaciones”.
Los datos en Valladolid
Los números en Valladolid dicen que de esos 22.255 funcionarios del Muface, 6.809 han elegido la Seguridad Social, mientras que 15.446 están en compañías privadas. Ahora bien, hay que sumar los familiares por lo que cifra han estimado se podría ir a los 90.000 damnificados. En Castilla y León, “una de las más afectadas” superan los 110.000 funcionarios.
“Muchos ni saben que pueden elegir entre uno y otro, este Gobierno están llevando a equivoco”, ha asegurado Íscar. Además, muchos son jubilados, una cifra que supera el 30%. Otro de los problemas que esto provoca es que los seguros van a encarecerse.
La diputada vallisoletana considera que la titular de Sanidad “busca acabar con el modelo de Muface por motivos exclusivamente políticos e ideológicos, al insistir en sede parlamentaria en que la sanidad pública es la adecuada para absorber al colectivo de funcionarios”.
También ha tenido un mensaje para Óscar López, ministro al que le corresponde la nueva licitación, “está más preocupado de su propia campaña promocional que en dedicarse a los problemas de su ministerio”.
Cantalapiedra ha mostrado su preocupación porque los funcionarios “solo tienen garantizada su atención sanitaria hasta el 31 de diciembre y ya están sufriendo las consecuencias derivadas de la grave irresponsabilidad del Gobierno”. Un Ejecutivo que pretende hacer desaparecer Muface a partir de un controvertido informe de Sanidad que aboga por su eliminación y el traspaso al sistema público de salud de millón y medio de funcionarios, ha criticado.
También reclaman al ministerio que asuma su responsabilidad y no traslade el problema a las comunidades autónomas. “Con este Gobierno siempre pasa lo mismo, ellos invitan y pagan los de siempre”, ha rechazado.