A principios de enero se inició un movimiento ciudadano a través de servicios de mensajería y redes sociales y en pocos meses han conseguido que se unan miles de personas a este movimiento. "Entidades públicas y privadas, todos, compartían una misma inquietud por la problemática que nuestra sociedad reclama sea solucionada: el maltrato y abandono animal existente en nuestro país, una lacra que persiste año tras año, cuyas estadísticas son demoledoras y nos sitúan como el país europeo con más alto índice de abandonos y maltrato animal", explican desde la organización de la concentración.

Por este motivo ciudadanos de todas las provincias del país han iniciado un movimiento el 2 de Abril para llenar las calles de España exigiendo un cambio en el trato que reciben los animales.

Por otro lado, desde primeros de año se ha iniciado una campaña de recogida de firmas físicas que serán presentadas en diferentes organismos públicos y que serán acompañadas de documentación preparada por abogados especializados en Derecho Animal, reclamando lo que consideran cuatro puntos esenciales.

De este modo y según infomran desde DAZ, "la sociedad actual cuestiona el  anacronismo jurídico de la legislación española y pone sobre la mesa una nueva frontera moral, el respeto en convivencia del ser humano a los animales y sus derechos".

1. "Este movimiento ciudadano reclama el endurecimiento de las penas por delitos de maltrato y abandono animal, ya que en ningún caso las penas actuales llevan a la entrada en prisión (siempre son menores de 2 años), cuando se trata en muchos casos de delitos que se basan en una crueldad injustificada, crueldad que deberíamos erradicar si queremos avanzar como sociedad. Esa crueldad necesita una respuesta más contundente de nuestro Código Penal para evitar que se traslade a otros ámbitos de nuestra convivencia, o simplemente porque el sufrimiento injustificado de esos seres indefensos merece justicia. Con esta falta de proporcionalidad entre la pena por el delito cometido y el daño que se ejerce tanto a los animales como a nuestra sociedad, estas penas no son en modo alguno coercitivas, provocando que la ciudadanía piense que todo maltrato animal queda impune".

2. "El segundo punto esencial es que se considere a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho en el Código Civil, porque a día de hoy están considerados como  meras “cosas”, según explican estos colectivos animalistas; eso es un gran problema que radica en nuestra legislación y por ende en el uso que hacen de ella nuestras autoridades y los poderes públicos. Nosotros reclamamos un cambio, y la base principal para ese cambio es la consideración legal que tienen los animales. Nuestra legislación no es acorde a la realidad social y el 2 de abril en toda España nos haremos visibles para demostrarlo".

3. "El tercer punto es que en nuestro país incomprensiblemente no existe una ley marco de protección animal a nivel estatal que establezca bases, principios y directrices, instrumentos jurídicos que servirían como base para el desarrollo legislativo de la misma por parte de las comunidades autónomas, pero con unos límites establecidos sobre la protección animal.

Actualmente las normativas de protección animal son desarrolladas por las comunidades autónomas, existiendo disparidad de criterios en el trato que se le puede dar a un animal dependiendo de la comunidad autónoma. Esta situación contribuye notablemente al descontrol de la protección y al abandono animal. Por ejemplo: comunidades autónomas como Cataluña y Comunidad Valenciana establecen medidas de control de la cría ilegal de animales. Pero la cría ilegal se ve incentivada por estas medidas, dado que los criadores ilegales ven mayor demanda de animales en estas zonas, dispuestas a pagar más dinero por ellos, y a su vez se ven beneficiados por la falta de homogeneidad de la  norma dependiendo del lugar en que se resida.

Otros ejemplos: la normativa de Extremadura  no prohíbe amputación de miembros por razones estéticas, prohibición que establecen las leyes de protección animal del resto de comunidades autónomas. Nuevamente, una disparidad legal no protege a los animales de que no les sean amputados sus miembros por razones estéticas en todo el país, simplemente incentiva a los veterinarios de una determinada zona (Extremadura), que lo harían para todo el país expidiendo certificado de que las amputaciones se han practicado en Extremadura, donde está permitido. En Murcia, la persona responsable por maltratar un animal sería sancionada con 3.000 euros de multa, mientras que en Andalucía podría ascender a 30.000 euros"
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4. "El último punto reclamado parte de la convicción de que la sociedad es responsable de la superpoblación caprichosa de animales de compañía, permitiendo el negocio de su cría y venta, y haciendo muy poco para evitar su posterior abandono, proliferación y muerte violenta".

Por tanto, finalizan, la sociedad, mediante su Administración, "debe asumir la responsabilidad de su control, en lugar de delegar en el esfuerzo de voluntarios a los que, encima, se les dificulta constantemente la labor".

Ante ello, exigen responsabilidad en los siguientes términos:

●     Asistencia sanitaria y servicios básicos para los animales en situación de abandono. Rebaja del IVA veterinario para evitar el descuido de sus animales o incluso su abandono en el caso de personas con escasos recursos.

●     Esterilización, control de natalidad de los animales.

●    Vigilancia de la cría y venta ilegal de cachorros para evitar abandonos

Todas ellas medidas que formarían parte de una política tendente al sacrificio cero, que ya tienen la mayoría de los países europeos, y que exigimos para nuestro país.
La Administración también debe ser responsable de la elaboración y difusión de campañas de concienciación social que fomenten el respeto a los animales, básico para una sociedad que desea erradicar la crueldad.