El próximo Pleno del Ayuntamiento de Zamora que se celebrará el día 30 de marzo votará si se retira de forma definitiva el nombre de Alfonso Peña y Carlos Pinilla de las calles que actualmente ocupan en la capital. Así, y de forma detallada en cuanto al estado de los tres expedientes abiertos respecto a la Memoria Histórica, lo ha explicado el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido este martes acompañado de prácticamente todo su equipo de gobierno.

Por tanto, y entrando en detalle de los expedientes, en cuanto al reconocimiento de concejales y funcionarios, Guarido ha explicado que se pide una declaración en la que se reconozca y repare a los 55 funcionarios y concejales, diez de ellos fusilados, que fueron depurados tras el golpe del 36, ya que "estas personas y sus familiares tuvieron con este acto violento y antidemocrático un injusto sufrimiento".

Además, en otro expediente también se solicita la retirada de títulos y distinciones. Es el caso de la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco y a Carlos Pinilla, así como el título de Hijo Predilecto de Zamora y la medalla de plata a Teodoro Arredonda.

Por último, en cuanto al expediente de las calles, Guarido ha explicado que existe un informe favorable de la secretaría del Ayuntamiento para la retirada de los nombres de Alfonso Peña y Carlos Pinilla de las calles de la ciudad. Todo ello ambientado pro su "vinculación al Franquismo que queda patente en las actas plenarias de ese tiempo".

De este modo y con los tres expedientes "completos" de la Ley de Memoria Histórica, Guarido ha señalado que el equipo de gobierno se limita a "cumplir la ley" y ha resaltado que los expedientes han sido tramitados con un periodo de "exposición pública" en al que tan solo se ha presentado una alegación y positiva. Ella se debe a la familia de Quirino Salvadores, un concejal fusilado en 1936, que se mostró a favor de que se realizase una reparación moral de su familiar.

A modo de conclusión el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha calificado como el procedimiento con un "acto de justicia política, social y administrativa", ha destacado que todas las propuestas están avaladas por un informe técnico que dice claramente que todo lo propuesto se realiza en cumplimiento de la Ley.