El Ayuntamiento de Benavente ha hecho público su expreso y frontal rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia que de manera exclusiva y no excluyente conozca sobre los litigios sobre cláusulas suelo en escrituras hipotecarias por entender que se trata de una decisión injusta y antisocial, que favorece a la banca en perjuicio de la ciudadanía, y ser una medida perjudicial para el funcionamiento de la administración de Justicia, que impide repartir el trabajo de una forma adecuada entre los distintos partidos judiciales de la Provincia.

Según apunta, en el caso de nuestra provincia, el órgano jurisdiccional designado será el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Zamora, lo que implica que los habitantes del partido judicial de Benavente, al igual que los del resto de partidos judiciales de la provincia (Toro, Villalpando y Puebla de Sanabria), tendrán de forma obligatoria que desplazarse desde los distintos partidos judiciales a la capital de la provincia, con el consecuente alejamiento del justiciable respecto del órgano judicial, el correlativo incremento de costes económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras y el único y exclusivo beneficio de estas últimas. El Ayuntamiento de Benavente considera que este plan produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial. Además, el plan propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos -añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia Uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.

La decisión no sólo excepciona, además, las normas procesales en materia de competencia territorial en perjuicio del ciudadano, al que se obliga a renunciar al fuero predeterminado, sino que en absoluto garantiza una mayor eficacia ni rapidez en la tramitación de los procedimientos, como se demostró con la decisión de crear juzgados especializados en materia de participaciones preferentes y deuda subordinada. Bien al contrario, los juzgados de los distintos partidos judiciales, demostraron entonces unos tiempos de respuesta óptimos, gracias al esfuerzo de los jueces, letrados de la administración y funcionarios, en contraposición al colapso que sufrieron los juzgados especializados. En este sentido, el Ayuntamiento de Benavente, se adhiere a los distintos acuerdos y declaraciones hechas por los Colegios de Abogados y de Procuradores de Zamora, así como al acuerdo del Pleno celebrado el pasado 19 de mayo del Consejo General de la Abogacía Española, que representa a los 83 colegios de abogados de España, que expresó su rechazo institucional a la propuesta del CGPJ de creación de estos Juzgados Provinciales especializados.

“Desde el Ayuntamiento de Benavente rechazamos frontalmente el acuerdo adoptado por el CGPJ y solicitamos que se deje sin efecto por ser un ejemplo más de la reiterada política centralizadora del Ministerio de Justicia y un nuevo ataque al mundo rural que parece ser la antesala de un intento más de vaciado competencial de aquellos juzgados existentes fuera de las capitales de provincia”. En último término, la institución municipal anuncia una serie de medidas y acciones debido a la gravedad del presente asunto: apoyo explícito a los ciudadanos afectados y a los profesionales (abogados y procuradores) de la ciudad en la defensa de sus derechos e intereses comunes; presentación y aprobación de una moción (previsiblemente consensuada por todos los grupos políticos) de rechazo al acuerdo del CGPJ que se elevará a las distintas instituciones u organismos con competencias en la materia; comunicación con el resto de Ayuntamiento de las cabezas de partidos judiciales del territorio autonómico a fin de hacer un frente unitario en común para la defensa de las competencias de nuestros juzgados y la reiterada pretensión de centralización de la justicia mediante el establecimiento de juzgados uniprovinciales situados en las capitales de provincia.