La presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, María José Santiago, ha realizado hoy una visita institucional en Zamora al Tribunal Administrativo de Recursos de Castilla y León, adscrito al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, cuyas funciones ejerce desde el año 2012 el órgano de control presidido por Mario Amilivia y del que forman parte los consejeros Francisco Ramos y José I. Sobrini.

El encuentro ha servido para una puesta en común del trabajo y de la doctrina de ambos órganos encargados de la resolución del recurso administrativo especial y la cuestión de nulidad, poniéndose de manifiesto los principales asuntos y cuestiones técnico-jurídicas que se plantean en la experiencia de funcionamiento de estos órganos, así como los distintos criterios abordados respectivamente para su solución conjunta y consensuada.

El Tribunal andaluz y el castellano y leonés forman parte de los 9 Tribunales independientes constituidos hasta la actualidad, competentes para resolver los recursos especiales en materia de contratación pública, tanto de las Administraciones autonómicas y sus entes instrumentales como de las entidades locales y universidades.

Órgano adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, el Tribunal presidido por María José Santiago inició su funcionamiento en 2012, al igual que el de Castilla y León, actuando en principio como órgano unipersonal hasta que en 2015, dado el volumen y especificidad de los asuntos tratados, por Acuerdo del Consejo de Gobierno se nombraron dos vocales, funcionando ya como órgano colegiado. El pasado ejercicio dictó 342 resoluciones.

En cuanto al Tribunal de Recursos de Castilla y León, órgano también independiente integrado por tres miembros, ha resuelto 470 asuntos en sus 5 años de actividad, interviniendo en contratos recurridos por un importe cercano a los 3.400 millones de euros, siendo impugnadas apenas un 3% de sus resoluciones ante la jurisdicción contenciosa. En lo que va de año ha resuelto ya 65 asuntos, que representan el 70% de todos los recursos tramitados el anterior ejercicio.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada ayer por el Congreso, centró también el interés del encuentro entre ambos órganos ya que se trata de un proyecto largamente esperado por el que se transponen dos Directivas europeas de contratación, y que se espera contribuya a que la contratación pública sea más transparente, esté más controlada, sea más accesible para las pymes, se aumente la protección de los trabajadores de las adjudicatarias y se profundice en las cláusulas sociales.

Amilivia subrayó que Tribunales independientes como el de Castilla y León y el de Andalucía, con una actividad creciente, están potenciando la tutela restitutoria de candidatos y licitadores, singularmente en el caso del recurso especial, que ha pasado a ser un medio muy eficaz para la fiscalización previa de la contratación administrativa.

Tribunales –añadió Mario Amilivia- que en plazos muy cortos, de apenas un mes, al resolver un recurso tutelan la contratación del sector público, corrigiendo patologías, advirtiendo de los vicios e irregularidades, velando por la libre competencia e identificando, en su caso, las ofertas económicamente más ventajosas. “Resolvemos aproximadamente en 30 días. Debemos presumir por ello que la tutela extrajudicial que ofrecemos en un éxito”, aseguró.

Mediante su agilidad e imparcialidad en la tramitación de los procedimientos, estos Tribunales dotan de transparencia al sistema, favoreciendo la competencia al animar a los empresarios a participar en las licitaciones. También, los Tribunales andaluz y castellano y leonés colaboran en la mejora de la contratación pública difundiendo los nuevos recursos contractuales en cursos y jornadas, y publicando sus resoluciones y criterios doctrinales en sus páginas webs.

El último Informe de la Comisión de la Unión Europea sobre la eficacia de las Directivas de recursos en el ámbito de la contratación pública ha valorado positivamente que sean estos órganos administrativos de recurso, en vez de los órganos jurisdiccionales ordinarios, quienes se encarguen de la protección jurídica en primera instancia en relación con los procedimientos de contratación pública ya que tienden a ser más eficaces al resolver de manera rápida los recursos que se interponen ante los mismos, evitando así la paralización excesiva de los procedimientos.