Representantes de la “Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad” se reunieron de nuevo con los portavoces de la Subcomisión del Pacto por la Educación de distintos grupos políticos el pasado 29 de noviembre, en una cita en la que estuvo presente Sandra Moneo, por el Partido Popular; Mari Luz Martínez Seijo, Guillermo Meijón Couselo y Manuel Cruz Rodríguez, por el PSOE; y Marta Martín Llaguno, por Ciudadanos.

Tras el encuentro, la Asociación apunta que parece que todos los grupos políticos tienen claro la gravedad del problema del actual sistema de acceso a la Universidad y todos comparten igualmente la idea de solicitar al Ministerio un mapa de datos, un informe oficial y actual con los resultados, demanda de las distintas Universidades, adjudicación de las plazas con la procedencia de los alumnos, listas de espera de las distintas Universidades por procedencia…

Aunque la asociación está de acuerdo en la necesidad de tener un estudio que justifique las medidas que se vayan a tomar, no hace falta ningún estudio para saber que es una injusticia que para acceder a una plaza concreta te encuentres con 17 exámenes diferentes en contenido, y dificultad, sin hablar de la subjetividad en la corrección.

Sin embargo, aunque parece que no se avanza nada en la solución del problema, la representante del PP, Sandra Moneo, les comunicó que, además del trabajo realizado en la Subcomisión del Pacto por la Educación, van a presentar una PNL (Proposición No de Ley) en el Congreso para solicitar un examen único en todo el territorio nacional. Igualmente, la representante de C´s ha solicitado ya al Ministerio los datos necesarios para un estudio más completo de la situación en que nos encontramos.

“No debemos olvidar que el acceso a la Universidad, para los jóvenes que opten por esta vía, es un momento crítico que puede marcarles para toda la vida; es la puerta de entrada a su futuro laboral. Por eso no se entiende que momentos tan importantes estén sujetos a tantos sesgos”.

Asimismo, señalan que “no queremos cerrar puertas a nadie, ni que se igualen las exigencias a la baja, solo queremos que en todo el territorio nacional las oportunidades sean las mismas”.

Creen que los rectores de las universidades, que deberían ser los primeros interesados en conseguir los mejores alumnos para sus centros, tienen que implicarse decididamente en poner en marcha un modelo objetivo y único que garantice la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional y les parece el momento de trasladarlo a la CRUE.

Igualmente, piensan que los consejeros de Educación tienen que pasar a la acción. Está bien que manifiesten públicamente que el sistema es injusto y que hay que corregirlo, pero eso ya no es suficiente; deben plantearlo y defenderlo en la Conferencia Sectorial y situarlo en la Agenda Nacional, como corresponde.

“Si el Estado es el garante de la ley y existe una Alta Inspección como garante del cumplimiento de la Ley educativa, que actúen como tal y que garanticen un sistema de Acceso a la Universidad en Igualdad”.

Respecto al nuevo proyecto de orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2017-2018, afirman que lo que se percibe es que, según esta orden, la flexibilidad en las pruebas entre Comunidades va a ser aún mayor este año, en la ponderación de troncales y en la segunda lengua, en particular, lo cual muy probablemente se traducirá en mayores diferencias entre comunidades autónomas.

Tal como recoge el proyecto, regulando a título orientativo, sin imposiciones, se podría decir que las CC. AA tienen, en la práctica, todo en sus manos. Sin embargo, “vamos a generalizar y decir que son las Administraciones educativas en colaboración con las Universidades las responsables de la realización material de las pruebas que configuren la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. De la misma forma, si analizamos el Art. 3 observamos que las Universidades tendrán bastante libertad para plantear sus propios procedimientos de admisión”.

Por tanto, concluyen señalando que “ya no vale entre ambas echar balones fuera, ambas son responsables y deben garantizar en todo el territorio nacional la igualdad de oportunidades” y los responsables en educación deben resolver el problema, no agravarlo.