El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, ha analizado esta mañana con las asociaciones de mujeres de la capital el grado de aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las medidas urgentes para su desarrollo contenidas en el Real Decreto aprobado por el actual Gobierno el pasado mes de agosto.

Los cambios en el reconocimiento a las mujeres como víctimas, la asistencia psicológica a los menores con el consentimiento materno, el fortalecimiento de la asistencia legal a la víctima, la devolución de competencias a los ayuntamientos y la compatibilidad de las ayudas sociales, constituyeron algunos de los asuntos sobre los que se informó y se intercambiaron opiniones durante la reunión.

El gran acuerdo para combatir la violencia de género, este Pacto de Estado, salió adelante en septiembre del año pasado "con un gran respaldo social y de los grupos políticos, pero sin fondos. Casi un año después, el nuevo Gobierno aprobaba el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo de este acuerdo (BOE de 4 de agosto), aprobaba el reparto de los 100 primero millones de euros para las comunidades autónomas y el pasado 18 de octubre se hacía efectivo este pago a las regiones, con 7,5 millones para Castilla y León", ha reconocido el subdelegado.

Durante la reunión, el subdelegado del Gobierno y la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género, María Dolores Vicente ofrecieron algunos datos estadísticos sobre la incidencia de esta lacra en la provincia de Zamora. Con estadísticas a 30 de septiembre, las usuarias del servicio ATENPRO en la provincia son 49. (El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género, ATENPRO, es una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren).

En la misma fecha, la Unidad tiene registrados 139 casos activos (con algún tipo de seguimiento policial) en la provincia, de los que 1 caso se considera con riesgo alto, 3 casos de riesgo medio y 20 casos con riesgo bajo. De todos ellos, los casos con protección policial son 59.

Y en cuanto a las denuncias presentadas por sector de edad, en la provincia de Zamora la mayoría de ellas se encuadra en el tramo comprendido entre los 31 y 45 años, seguida de quienes tienen entre 18 y 30 años, y con menor incidencia en el tramo de 65 años o más.

Prevención y diligencia

El subdelegado estuvo acompañado en esta reunión por la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, y por el comisario-jefe provincial de la Policía Nacional, Ubaldo de la Torre. Todos ellos se pusieron a disposición de las asociaciones de mujeres y colectivos que, desde diversos frentes, trabajan en Zamora para erradicar cualquier tipo de violencia de género y para ayudar las víctimas.

El subdelegado Ángel Blanco puso el acento en la importancia de "la prevención y diligencia debida antes casos de violencia de género", para lo que pidió la implicación de toda la sociedad y destacó el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, “siempre dispuestas a colaborar, a asesorar y actuar”.

Conscientes de la gravedad del problema, junto a la prevención el subdelegado se refirió a la ampliación de las medidas de protección y asistencia a las víctimas, muchas de las cuales se han comenzado a aplicar ya con al Real Decreto de agosto que desarrolla un pacto nacido “desde el consenso que se fraguó en las Cortes Generales y con la lealtad de un objetivo común, que es que la violencia de género no forme parte del paisaje cotidiano y que las mujeres sepan que pueden y deben salir".

Medidas urgentes

Parte de las 212 medidas que prevé el Pacto de Estado requieren modificaciones legales, que ya se han comenzado a abordar a través del citado Real Decreto de agosto pasado, por el que se modifican la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial.
El subdelegado del Gobierno en Zamora se refirió especialmente a cinco de las novedades que desarrollan el Pacto de Estado contra Violencia de Género:

1. Será suficiente con un informe de los servicios sociales
Una de las principales novedades es que será suficiente un informe de los servicios sociales o especializados para que se reconozca a las mujeres como víctimas de violencia machista, sin que medie denuncia. Hasta ahora, se requería o la orden de protección oficial o el Informe del Ministerio Fiscal.

2. Asistencia psicológica a menores con el consentimiento materno
Otra medida que se añade es la modificación del Código Civil para eliminar la necesidad de que los dos progenitores den el consentimiento para que los menores hijos de víctimas de violencia machista reciban asistencia psicológica. Hasta ahora, en el artículo 156 del Código, referido a la patria potestad, no especificaba el procedimiento. Con este cambio, valdrá con el permiso de la madre víctima de violencia de género para que accedan a esa atención.

3. Fortalecer la asistencia jurídica
El paquete de medidas incluye el fortalecimiento de la asistencia legal a la víctima. Contempla la “designación urgente” de abogados y procuradores, figura de representación en la que reside la principal novedad. Además, otro añadido tiene que ver con la participación de la denunciante: tendrá derecho a personarse como acusación particular en cualquier momento, aunque el proceso esté iniciado. Si no lo hace, el abogado o abogada de oficio estará habilitado para ello.

4. Devolver competencias para los ayuntamientos
El Real Decreto otorga más competencias a los Ayuntamientos por ser las administraciones más cercanas y accesibles a las víctimas. Se hace por dos vías: se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para darles más autonomía y se concreta la distribución de los fondos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a la “erradicación” de la violencia machista a este nivel. Se trata de 20 millones de euros en el presente ejercicio y 40 en el siguiente.

5. Compatibilidad con las ayudas sociales autonómicas
La norma también modifica la Ley de Violencia de Género en cuanto al acceso a las ayudas, para que las estatales sean compatibles con las de carácter autonómico o local. Son ayudas que desde 2004 pueden sumarse a las previstas en la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, y ahora también a los subsidios autonómicos y locales.

100 millones a las Comunidades

En la reunión se informó también que el pasado 18 de octubre se hizo efectivo el pago de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género a las comunidades autónomas, cuyo reparto se acordó en la Conferencia Sectorial celebrada el 31 de julio. La Administración autónoma de Castilla y León ha recibido 7,5 millones de euros como primer pago de estos fondos que, de forma excepcional, podrán ser gastados también en el ejercicio de 2019, dado el corto periodo de tiempo para la ejecución de las medidas.

El crédito será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres especialmente vulnerables; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecer un sistema de acompañamiento de las mujeres; reforzar los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas; refuerzo en los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.

La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.

Pensión de orfandad

Dentro de las iniciativas de protección, el subdelegado del Gobierno informó de la aprobación en el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles día 14, de la mejora de la pensión de hijos de víctimas de violencia machista, “un paso importante en la protección y la atención integral de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género, niños y niñas que quedan en una situación de orfandad absoluta”.

La proposición de ley de "Mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer" (que así se denomina tras la modificación) pasó este miércoles el trámite de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Cámara baja, que ha aprobado con competencia legislativa plena (ahora tiene que ir al Senado) el acuerdo alcanzado el pasado el 30 de octubre por los grupos políticos.

En virtud de este acuerdo, la pensión que recibirán será no contributiva y pasará de 160 a 600 euros, siempre y cuando acrediten la condición de orfandad absoluta. Tendrá efectos retroactivos al año 2004 y se cobrará hasta alcanzar la mayoría de edad o mientras no estén emancipados. El tope para cobrarla serán 25 años.