El último Pleno municipal del año ha comenzado hoy con dos minutos de silencio en recuerdo de Laura Luelmo, así como de las dos mujeres muertas este mes en España víctimas de la violencia machista. Además, el alcalde, Francisco Guarido, dio lectura al decreto por el que se establecieron tres días de luto oficial en la ciudad por el brutal asesinato de la joven zamorana, en la localidad onubense de El Campillo.

Igualmente el alcalde dio cuenta del decreto de delegación de las funciones del área de Bienestar Social en la nueva concejala del grupo municipal de IU, Inmaculada Lucas Baraja, así como su inclusión en las Comisiones Informativas y la representación municipal en los órganos colegiados en los que figuraba la anterior concejala de Bienestar Social.

Entre los acuerdos adoptados en la sesión plenaria se aprobó por unanimidad la liquidación del contrato y restitución de daños derivados de la concesión para la construcción y explotación de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y del parque de San Martín, según la cual se reclama a la empresa Iridium la devolución de 2.580.151 euros como resultado del informe sobre la liquidación final encargado por el propio Ayuntamiento a una consultora externa.

Para efectuar ese cálculo se han tenido en cuenta el coste de construcción de los dos subterráneos que el conjunto sumó 3.174.031 euros, de los que se detraen las amortizaciones acumuladas hasta el pasado 30 de junio, cuando se produjo el traspaso a la nueva adjudicataria, que suman 1.615.490 euros; así como una subvención de 1.143.200 euros procedentes de fondos europeos percibida por el Ayuntamiento y aportada a la empresa; la valoración de las deficiencias detectas y no asumidas por la empresa, cuantificadas en 619.775 euros; el importe de las plazas vendidas a particulares para el periodo de 33 años que duraba la concesión cuantificadas en 127.582 euros; y a todo ello se suma el canon anual no abonado al Ayuntamiento desde la suspensión del contrato, que asciende a 2.305.082. Lo que en conjunto arroja una deuda a favor del Ayuntamiento de
2.580.151 euros.

Con esta liquidación el Ayuntamiento quiere "poner las cosas claras a Iridium en aras del interés público" según ha manifestado el alcalde, ya que la empresa ha llegado a solicitar una indemnización de más de 20 millones de euros, incluyendo unas cuantificaciones de préstamos y gastos financieros en el proceso de cambio empresarial de Urbaser a Iridium, que nada tienen que ver con los aparcamientos subterráneos, y obviando todas las aportaciones e ingresos percibidos.

Cruce de acusaciones

El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, José Luis González Prada ha criticado duramente "la tardanza" del equipo de Gobierno en solucionar la adjudicación de los aparcamientos a una nueva empresa, cuando "existía una sentencia desde 2015 que obligaba al Ayuntamiento" a liquidar a la empresa adjudicataria anterior y que cesara la obligación de esta a gestionar el contrato, tras iniciarse una batalla jurídica en 2006 por su ilegalidad, y que pasaba por la solicitud de la empresa adjudicataria de ser relevada de la gestión en 2014. Prada ha acusado al Consistorio de "alargar el proceso, y dejar que los plazos judiciales se le vengan encima, para acabar judicializando el proceso".

En el turno de réplica, concejal de Hacienda y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas ha reprochado al Partido Popular que "cuenta la historia como les da la gana, ya que el pufo de los aparcamientos es fruto de su pésima gestión, y no son quienes para echarnos en cara el incumplimiento de plazos". El concejal considera que "tras 12 años de paralización y mala gestión de estos aparcamientos, hoy llegamos a una licitación legal".

Sobre las reclamaciones de 19 millones que de la que originalmente fue la empresa adjudicataria de la gestión de los parkings, Viñas ha explicado que "lógicamente este proceso iba a terminar judicializado porque aceptamos las pretensiones de la empresa, que además no paga el canon desde la paralización, porque consideran que no hay contrato".