El Pleno de la Diputación de Zamora celebrado esta mañana, aprobaba en su segundo punto del día, las subidas del sueldo anual de los diputados, portavoces, presidenta y vicepresidente para este 2019, por 14 votos a favor y 11 abstenciones.
De esta manera, la presidenta de la Diputación de Zamora recibirá anualmente un total de 52.255,33 euros, el vicepresidente 45.361 euros, los diputados y portavoces, cuya dedicación sea exclusiva a la Institución Provincial, 34.963,60 euros, y los que realicen su función de manera parcial 17.667,78 euros. Dichas retribuciones se percibirán en catorce pagas de igual cuantía, doce de abono mensual y dos extraordinarias.
La diputada por Izquierda Unida en la Diputación de Zamora, Laura Rivera se ha mostrado una vez más en contra de los sueldos fijados para los diputados, los cuales considera "fuera de lugar, teniendo en cuenta que el sueldo medio en Zamora es de 15.000 euros anuales". El vicepresidente segundo de la Institución, Aurelio Tomás ha tachado de "demagógica" dicha crítica, ya que según este Laura Rivera "recibe sueldos públicos de Diputación, cuando su mayor dedicación la emplea en el Ayuntamiento de Zamora, en el cual es concejala".
Mociones aprobadas en Pleno
Durante el desarrollo plenario de esta mañana se ha aprobado la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Tierra del Vino, la moción del Partido Popular sobre el Plan Estratégico de Subvenciones 2019 y la moción de Ciudadanos para la creación del Museo Antonio Álvarez Pérez.
También se han aprobado las propuestas de Izquierda Unida para solicitar al Gobierno que incluya infraestructuras e inversiones para Zamora en el Corredor Atlántico del Noroeste y el apoyo desde Diputación a los municipios para recuperar las concesiones hidroeléctricas en Zamora.
Sobre las mociones presentadas por el PSOE, quedan aprobada su propuesta de instar al Gobierno de España al arreglo de los 15 kilómetros de la A-66 que discurren por la provincia de Zamora, y también la que se refería a mostrar desde Diputación absoluta repulsa a todas las manifestaciones de violencia, su compromiso con las víctimas de violencia de género y declarar violencia cero con los maltratadores.
El Partido Popular también lograba que sus mociones exigiendo al Gobierno que el alcalde de Toro esté siempre presente en cualquier negociación que se lleve a cabo en relación a Montelarreina, y rechazando la posición del alcalde de Valladolid respecto a priorizar las inversiones y colaboración de las distintas administraciones en esta ciudad, en detrimento del resto de capitales y provincias de Castilla y León.
Sobre el Plan de Reindustrialización de Benavente, se establecían dos mociones, una propuesta por el PSOE y otra por el Partido Popular. La primera instando a que se aumente el presupuesto en los municipios de Benavente y San Cristóbal de Entreviñas, para llevar a cabo los objetivos recogidos en el Plan Director de Promoción Industrial, que no lograba pasar la urgencia. El segundo, que instaba al Gobierno Central a participar económicamente en el Plan, promulgado por la Junta de Castilla y León, que si pasaba el corte.
Por último, quedaba aprobada la propuesta conjunta de PP y Ciudadanos para mostrar desde la Diputación rechazo por "las cesiones del presidente del Gobierno a los partidos independentistas", y en apoyo a "los catalanes oprimidos por el movimiento independentista".
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