Hoy se ha dado a conocer la suspensión cautelar del Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, y que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, estimando de esta manera la petición del Partido Animalista.
Con esta última decisión judicial, la Alizan UPA-COAG explica que "se vuelve a poner de manifiesto lo que nuestra organización agraria lleva denunciando desde hace meses, y es que los tribunales de justicia con sus veredictos dan alas a los grupos que prefieren que todo el campo se convierta en selva. Resulta imprescindible que los responsables de legislar y de gobernar promulguen normas técnica y legalmente bien construidas que den seguridad jurídica y protejan las acciones que nuestra sociedad necesita adoptar para que la fauna salvaje sea un patrimonio natural y no un problema para los ciudadanos".
La Alianza critica duramente este nuevo "palo judicial" a la Consejería de Medio Ambiente, que "viene una vez más a golpear las costillas" de los agricultores y ganaderos de la Comunidad, que son los que "en mayor medida sufren las consecuencias de una proliferación inaguantable de todo tipo de animales silvestres, que destrozan los cultivos, matan al ganado, transmiten enfermedades (sarna, roña brucelosis, tuberculosis, etc.), provocan muertes en accidentes de tráfico y, si de la voluntad de algunos grupos animalistas dependiera, acabarán por ser los únicos seres vivos que pueblen el medio rural".
"Desde el respeto a las decisiones judiciales, nuestra organización considera totalmente imprescindible disponer de herramientas para el control de las especies silvestres. No hacerlo, dejaría totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje. Por ejemplo, la irrupción en las ciudades de manadas de jabalíes y los daños en las infraestructuras viarias de los conejos", relatan.
UPA-COAG considera "un despropósito" que a las administraciones competentes con "sus tibias" actuaciones y a los propios responsables de la justicia del país "no atiendan a quienes estén en peligro de extinción, que son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña, puesto que su preocupación parece estar en que prevalezcan los intereses animales antes que el de los ciudadanos".
La Alianza concluye poniendo como ejemplo de buena praxis la sentencia del TSJ de Asturias que rechaza el recurso del PACMA contra el Plan del Lobo.
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