CSIF: "Ya no caben más excusas" para volver a las 35 horas

El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Miguel Borra, ha recordado en Zamora la agenda de mejoras que demanda esta organización sindical, que pasa -entre otras- por la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales. Una prioridad en Castilla y León que, el pasado 12 de marzo, llevó a CSIF a convocar concentraciones ante las delegaciones territoriales de la Junta en las nueve provincias de la Comunidad. 

CSIF insiste en que ya no caben más excusas, y que el Gobierno regional debe cumplir su promesa de aplicar las 35 horas, que adquirió ya al inicio de esta legislatura que acaba. Y las pide con independencia de los objetivos del déficit, porque eso es una excusa de mal gestor e injusta hacia los empleados públicos.

   En un encuentro con los delegados de CSIF de Zamora, para analizar la situación actual de los empleados públicos, y a las puertas de varias citas electorales, Borra ha reclamado la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada por el Gobierno de Zapatero en 2010 (con una reducción salarial entre el 5 y 10% de media), la primera de una serie de decisiones que se han tomado contra el poder adquisitivo y el sueldo de los empleados públicos en los últimos 10 años. 

    El desarrollo de la carrera profesional para todos los empleados públicos; o las equiparaciones y adecuaciones retributivas en ámbitos como Justicia, Instituciones Penitenciarias o la Administración General del Estado son otras de las exigencias de la agenda de mejoras del sindicato independiente, el de mayor representación en las administraciones públicas, y con presencia creciente en la empresa privada.

   CSIF exige que el idioma cooficial no sea un requisito excluyente a la hora de acceder a un empleo público, sino un mérito. Precisamente, uno de los ámbitos que mejoran las retribuciones son los puestos de trabajo de atención al público en comunidades autónomas con lengua cooficiales, cuando acreditan poseer la titulación exigida, para la mejora de la atención que la Administración General del Estado presta a la ciudadanía.

   Precisamente, CSIF denuncia la falta de personal en las plantillas de la Administración del Estado, que están en mínimos históricos y que es necesario reforzar, y no sólo en las comunidades con lengua cooficial, sino en todas, también en Castilla y León.

   CSIF está muy preocupado por las restricciones que hay en el acceso al empleo público que se dan en algunas comunidades, en ámbitos como las pruebas MIR en Cataluña, País Vasco o Baleares, por la exigencia del idioma cooficial; la Justicia en Cataluña, comunidad que rehúsa a sacar las plazas de funcionarios que les corresponde, porque prefieren personal interino más catalanoparlante; o la Educación, en Cataluña un 80% de las plazas del cuerpo de inspectores está ocupado por interinos por esa misma razón.

   En cuanto a Castilla y León, CSIF insiste en que la Junta debe desarrollar una carrera profesional con compromisos claros, tras su aprobación por las Cortes regionales y que sea consensuada con las organizaciones sindicales. Por ejemplo, rechaza que los docentes tengan que elegir entre el actual complemento de los sexenios y la nueva carrera profesional, aún por concretar.

   CSIF insta al futuro Gobierno autonómico de la Junta que se forme tras las elecciones, a que lleve a cabo una nueva etapa de diálogo con los empleados públicos, en el objetivo de recuperar los derechos arrebatados, y el de afrontar la modernización y organización de la función pública que necesita la Comunidad. Asimismo, plantea negociar un nuevo convenio para el personal laboral de la Junta (CSIF es el único sindicato que lo ha denunciado), reivindica la recuperación de las ayudas a la acción social; o reclama a la Junta un plan y una comisión de evaluación de la sanidad pública.

   CSIF pide recuperar una negociación más efectiva con la Junta, que facilite la recuperación del empleo público, para lo que la Junta debe ser resolutiva y rápida a la hora de gestionar y convocar las ofertas de empleo público pendientes.