El PSOE de Zamora promoverá iniciativas en las Cortes de Castilla y León y en la Diputación Provincial con el fin de poner en marcha medidas encaminadas a evitar el progresivo deterioro de las murallas del Bien de Interés Cultural denominado 'Despoblado de Castrotorafe' en San Cebrián de Castro, y, en su caso, facilitar la debida consolidación o restauración de las mismas”.
Así lo han anunciado hoy el procurador del PSOE por Zamora y secretario de Política Institucional José Ignacio Martín Benito y el Diputado Provincial y secretario de Organización Eduardo Folgado, quienes han informado de la Proposición No de Ley que presentará el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cultura y Turismo las Cortes de Castilla y León para, en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora, poner en marcha medidas encaminadas a evitar el progresivo deterioro de las murallas BIC del ‘Despoblado de Castrotorafe’ que incluya además cometer y desarrollar el Plan Director de Castrotorafe y, en colaboración con alguna de las Universidades de Castilla y León, promover un proyecto de investigación sobre Castrotorafe, que contemple paralelamente la creación de un campo de trabajo arqueológico orientado a estudiantes.
Tal y como ha señalado José Ignacio Martín Benito el PSOE también propondrá en las Cortes de Castilla y León “abrir una partida presupuestaria en los próximos presupuestos de la Junta de Castilla y León destinado a la consolidación de las murallas y de Castrotorafe”. Por ello, los procuradores del PSOE por Zamora José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández e Inmaculada García Rioja han presentado en las Cortes de Castilla y León la iniciativa parlamentaria en la que recuerdan que el 20 de octubre de 2014 la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León, con los votos en contra del grupo popular, rechazó la PNL1322 (BOCCYL de 7 de noviembre de 2014), presentada por procuradores del grupo socialista, que instaba a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con las murallas del Bien de Interés Cultural del ‘Despoblado de Castrotorafe’, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 461, de 9 de octubre de 2014.En varios ejercicios presupuestarios el Grupo Socialista ha venido presentando enmiendas en la sección de Cultura y Turismo destinada a la consolidación de las murallas de Castrotorafe, enmiendas que fueron rechazadas por la mayoría de la Cámara.
En la actualidad, la titularidad del conjunto de las ruinas del Castillo, Muralla y Ermita corresponde a la Diputación Provincial de Zamora, en virtud de cesión gratuita del Estado otorgada en escritura pública de fecha 5 de noviembre de 1976, con el fin de atender a su conservación. En 2008, la Asociación Hispania Nostra incluyó Castrotorafe dentro de la Lista Roja del Patrimonio. El monumento cuenta con Plan Director, terminado de redactar en 2004. Las intervenciones de consolidación que se han llevado a cabo en las últimas décadas se han centrado exclusivamente en el castillo. En noviembre de 2009, la Diputación Provincial adjudicó las obras de consolidación del castillo de Castrotorafe, con una inversión de 44.177 euros, cantidad recibida de la Junta de Castilla y León. “Sin embargo, no se hizo lo propio en la cerca amurallada, a pesar de su ruina progresiva. Ello ha provocado y está provocando continuos derrumbes y desprendimientos, con la consiguiente desaparición de paramentos. Uno de estos desprendimientos tuvo lugar en 2012, lo que obligó a que en mayo de 2013, la Diputación destinara 36.000 euros para actuar en el lienzo norte”.
Desde 1998 hasta 2008, la Junta de Castilla y León invirtió en Castrotorafe 205.007 euros, según informa en respuesta parlamentaria a la PE/ 0700836.El Procurador del Común ya ha actuado varias veces de oficio ante el mal estado del monumento; lo hizo en 1996, 2005 y 2012, como recuerda en el Informe 2013. La apertura de este último expediente (nº 20122947) por parte del Procurador del Común dio pie a que la Consejería de Cultura y Turismo contestara que enviaría un escrito a la Diputación de Zamora, propietaria del bien, para recordar sus obligaciones de conservación y protección del mismo.
Con todo, el Procurador del Común “apelando una vez más al deber de conservación de los bienes que integran el Patrimonio Cultural que corresponde a los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos sobre los mismos, tanto conforme a la normativa relativa a la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (art. 24 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, aplicable a cualquier bien de interés artístico, histórico, arquitectónico, etológico, científico o técnico, con independencia de que los más relevantes tengan un régimen especial de protección), como conforme a la normativa urbanística (art. 8.1 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; art. 19 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León)”, formuló la siguiente resolución: «Que la Consejería de Cultura y Turismo y la Diputación Provincial de Zamora se pongan en contacto con el fin de abordar la fijación de posibles medidas que, al menos, eviten el progresivo deterioro del denominado ‘Despoblado de Castrotorafe’, y, en su caso, faciliten la debida restauración de los bienes que lo integran». La Consejería de Cultura y Turismo aceptó la resolución de fecha 30 de abril de 2013.
José Ignacio Martín Benito y Eduardo Folgado también han recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado en varias ocasiones en las Cortes de Castilla y León, su preocupación por el mal estado de conservación de las murallas de Castrotorafe, al tiempo que ha presentado varias enmiendas a los presupuestos de la Comunidad en los últimos años, enmiendas que fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular. En marzo de 2013 los procuradores socialistas preguntaron a la Junta de Castilla y León sobre si estaba previsto realizar alguna intervención en el monumento; el 15 de mayo de 2014, en una respuesta conjunta, la consejera "contestó negativamente".
La respuesta recogía que "las obras o intervenciones en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León se determinan atendiendo al estado conservación de los mismos, en función de las disponibilidades presupuestarias, preferentemente sobre bienes declarados de Interés Cultural y en un marco de actuación coordinada con los titulares y gestores de dichos bienes".