El Pleno del Ayuntamiento de Zamora, que comenzó con dos minutos de silencio por las 7 mujeres muertas durante este mes en España víctimas de la violencia de género, ha aprobado hoy la modificación de la ordenanza reguladora del funcionamiento y precios públicos por servicios de los centros de educación infantil del municipio de Zamora, a fin de mejorar las posibilidades de acceso, el funcionamiento de los centros y la ocupación de los mismos, una vez escuchadas las sugerencias de padres, profesores y técnicos.
Las modificaciones realizadas tienen el objetivo de atender las demandas de padres y profesores, introduciendo modificaciones en los baremos de acceso y en el funcionamiento de los centros, así como ajustar los precios a la realidad de la situación económica de las familias. En total se bajan en 11 tramos y se mantienen los más bajos como estaban, de manera que para las rentas más bajas el servicio seguirá siendo gratuito.
Las escuelas infantiles de La Aldehuela y de Pablo Montesino suponen un coste total de 620.000 euros y tienen un nivel de ocupación del 94% la primera, y el 40% la segunda. En el acuerdo marco de cofinanciación de los servicios básicos se ha incluido una adenda para las escuelas infantiles municipales, financiando la Junta de Castilla y León 60.000 euros, mientras que los ingresos estimados mediante los precios aprobados hoy serán de 180.000 euros y financiando el resto, 380.000 euros, el Ayuntamiento de Zamora.
En el apartado de mociones, el Pleno aprobó la consensuada por todos los Grupos Municipales, a fin de presentar la candidatura del gobierno local para concurrir a la convocatoria de reconocimiento como ciudad amiga de la infancia.
A través del reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF Comité Español destaca a aquellos gobiernos locales comprometidos con los cinco objetivos de derechos anteriores, que aplican a nivel local un modelo de gestión desde un enfoque de derechos del niño, y que lo hacen bajo un sistema de gobernanza que favorezca la coordinación interna y externa, que promueva y genere mecanismos reales de participación infantil y adolescente y que cuente con una estrategia a largo plazo para incorporar a la infancia y adolescencia en el centro de las políticas y acciones impulsadas desde los gobiernos locales.