Denuncian una situación “irregular” en una residencia de mayores de Zamora

UPL ha denunciado ante la Consejera de Familia y de Igualdad de Oportunidades que una clausula en los contratos de prestación de servicios en la residencia municipal de mayores de Santibáñez de Tera (Zamora), impide a muchos mayores beneficiarse de la bajada del IVA del 10 % al 4% contemplado en la Ley de Presupuestos de 2018. Y dado que mencionada empresa es concesionaria de otros cinco centros residenciales en Zamora, “podría haber más afectados”.

Ante tal denuncia, según UPL, la respuesta de la Consejería se centra únicamente en cuestiones técnicas que se pueden dirimir en juzgados ordinarios, pasando por alto la responsabilidad de la Consejería de Familia de “tutelar los derechos de los mayores”.

Por eso desde UPL recuerdan a la consejera que el Procurador del Común en su escrito de octubre de 2018 menciona que los precios están sometidos a un mecanismo de control administrativo con el objeto de tutelar los derechos de los residentes, además de recordar que la Legislación vigente obliga a formalizar un contrato de prestaciones que debe verificar la administración competente.

Para UPL la bajada del IVA residencial en 2018 era “un logro, insuficiente, pero muy importante para el bolsillo de nuestros mayores, sin embargo el gestor de la residencia de Santibáñez se está lucrando de forma injusta  a costa del bolsillo del contribuyente, y dado que la administración no interviene, nos vemos en la obligación de denunciar esta situación irregular” y resaltar las contradicciones de la consejería cuando alega que “si no hay situaciones anómalas se respeta el acuerdo privado entre partes” y sin embargo termina el escrito diciendo que ”insta” al grupo empresarial a que cambien todos los contratos, “cosa que nos consta que no se está haciendo, para no vincular la prestación del servicio con las fluctuaciones del IVA. Consideramos desde UPL que no se puede instar a cambiar el contrato si no hay situaciones anómalas”.

Por eso UPL insta a la consejera a que “aclare estas contradicciones y se verifiquen los contratos en las residencias de mayores de las tres provincias leonesas y se informe a los residentes y  tutores legales  de las circunstancias en que los han firmado, para que puedan iniciar las acciones legales que consideren”.

“Deje que sean los tribunales los que juzguen si algunos de nuestros mayores tienen capacidad de interpretar una clausula como la que han firmado y usted cumpla con sus obligaciones de velar y tutelar por los intereses de nuestros mayores, que para eso tiene las competencias”, concluyen.