Los procuradores socialistas zamoranos Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito e Inmaculada García Rioja han valora la iniciativa del PSOE-CyL que, a través de su secretario general, Luis Tudanca, ha trasladado a la Junta de Castilla y León un documento de propuestas para paliar la situación económica y social del Covid-19 en Castilla y León y que están cuantificadas en más de 3.000 millones de euros.
Los procuradores zamoranos señalan que "desde el primer día, el PSOE se ha puesto a disposición del Gobierno central, la Junta de Castilla y León y las entidades locales de Zamora y de Castilla y León. Administraciones públicas a las que ha hecho llegar sus propuestas desde la lealtad y con el único objetivo de aportar soluciones en positivo a esta grave crisis que vive el país y la Comunidad, y todas las provincias y territorios de la misma".
"Estamos esperando una respuesta de la Junta y también, dada la incidencia e importancia para la situación socio económica de Zamora, que la Delegada Territorial Clara San Damián tenga en cuenta las propuestas en positivo y se las exija al presidente de la Junta" añaden Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito e Inmaculada García Rioja, quienes informan que el PSOE ya ha trasladado la propuesta a los sindicatos y colectivos sociales y económicos.
En primer lugar el PSOE propone a la Junta que destine la misma cantidad recibida por parte del Gobierno de España dentro del Real Decreto de medidas para luchar contra esta pandemia, del que Castilla y León reciben 17,5 millones de euros de los 300 totales. De esta forma, Castilla y León contarían con un Fondo Social Extraordinario de 35 millones de euros.
Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito e Inmaculada García Rioja ponen énfasis en que "esta cuantía tendría que dirigirse, según el documento socialista, a medidas relacionadas con el incremento de recursos y oferta de la ayuda a domicilio; al incremento de la oferta también de la teleasistencia; a las necesidades de usuarios de centros de día; a medidas dirigidas a la ampliación de plazas de personas sin hogar; al aumento de plantillas de los CEAS o la simplificación administrativa de ayudas y a la compra de equipos de protección".
Añaden los procuradores socialistas por Zamora que "del mismo modo, dentro del documento, el PSOE propone la actualización del Acuerdo Marco para la prestación de Servicios Sociales por parte de las entidades locales, con el incremento de la aportación de la Junta del 25 por ciento, al margen del fondo extraordinario. Entre otras medidas, se prevé que las aportaciones económicas de la Junta a las administraciones locales no superen los tres meses".
El documento recoge, además, dos millones de euros para el incremento de recursos materiales y profesionales de lucha contra la violencia de género o 1,7 millones para alimentación de menores en situación de vulnerabilidad o cinco millones de euros para la adquisición de ordenadores por parte de las familias para el desarrollo de la enseñanza online.
Fondo de contingencia para el Sector Agroalimentario
Asimismo al apartado de la propuesta del PSOE en Castilla y León para "la creación de un Fondo de Contingencia Agraria por valor de 50 millones de euros, así como la creación de campañas de fomento de consumo de calidad, la puesta en marcha de ayudas para ganaderos afectados por la crisis, así como el establecimiento de ayudas directas y no líneas de crédito".
En materia medioambiental, el PSOE propone la movilización de todos los recursos personales de la lucha contra incendios para tareas de desinfección y en vivienda establece ayudas para el alquiler por importe de diez millones de euros.
Propuestas de Desarrollo Económico
En materia de desarrollo económico y de empleo, los Procuradores socialistas por Zamora destacan que "el documento elaborado por el PSOE pide a la Junta que complemente los salarios de los trabajadores que se han visto afectados por un ERTE, la puesta en marcha de bonificaciones fiscales en tributos y reducción de hasta el 100 por 100 en tasas y precios públicos para pymes y autónomos.
También, incluye el establecimiento de una línea extraordinaria de financiación de las corporaciones locales para que hagan frente a la menor recaudación que puedan supone estas bonificaciones fiscales y tributarias.