Guerra abierta entre Justicia, Junta y Subdelegación de Gobierno por las actuaciones en Vime de Sanabria

Es el tema de esta semana: la macrofiesta ilegal en una finca privada en Vime de Sanabria. 48 horas de descontrol festivo por parte de más de 150 personas, descontento y temor de los vecinos, y un desalojo que llegaba a última hora el domingo. 

El TSCyL abría la veda de las acusaciones esta mañana cuando enviaba un comunicado a los medios de comunicación culpando a la Junta de Castilla y León en el retraso de dicho desalojo, asegurando que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León comunicaba, el sábado por la tarde, que no iba a intervenir en la fiesta por considerar que se trataba de un evento privado. Una decisión que, finalmente, era revocada por la propia delegada territorial, Clara San Damián el domingo por la tarde, cuando a las 17.25 horas remite al juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo.

Ahora la Delegación Territorial de la Junta sale al paso de dichas acusaciones y defiende que en la toma de decisiones sobre el suceso "se ha tenido en cuenta que era una situación delicada, con afectación de derechos y libertades y que, partiendo de que se celebraba en propiedades privadas, había que ponderar los derechos en juego y asegurarnos de que se contaba con todas las garantías jurídicas".

Y pese al ambiente de tensión, desde la Junta de Castilla y León ponen en valor la coordinación entre la Administración de Justicia, la Subdelegación de Gobierno y la propia Junta en esta intervención". Algo en lo que también ha coincidido el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco que tomaba parte en el asunto asegurando sentirse "sorprendido" por las delcaraciones del TSJCyL y ha lamentado que cualquiera de sus palabras pudiera haber "sonado como un reproche" hacia la titular de Justicia de Puebla de Sanabria, "con la que se mantuvo una estupenda coordinación en todo momento".

Reproches a parte, lo cierto es que la fiesta duró 48 horas y ha terminado con 162 denuncias, cuyas cuantías rondarán los 60.000 euros: 102 por asistir a la concentración, 13 por tenencia de sustancias estupefacientes, 30 por acampada no autorizada y peligro de incendio, siete por exceso de ruido, dos por instalación de generadores de electricidad, dos por tenencia de arma blanca y otras dos por conducción bajo los efectos de las drogas.