El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha resuelto ya el recurso presentado por la empresa Seys contra el pliego para la contratación del Servicio de Recogida de Basura y Limpieza Viaria de Zamora. En sus conclusiones, ha dado la razón al Ayuntamiento de Zamora en cuatro puntos y se la ha quitado en otros tres, según ha relatado, el teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas debido a la “ambigüedad” con la que estaban descritos.

El siguiente paso del Consistorio capitalino ahora es que los técnicos municipales trabajen en la modificación del pliego de condiciones para poder llevarlo a aprobación por el Pleno Municipal este mismo mes de septiembre e iniciar a continuación el nuevo procedimiento de contratación. Esto significaría que, tras su aprobación en Pleno, se tendrían 15 días de margen para publicar las condiciones en el Boletín y otros 40 días más, para recibir ofertas por este contrato de 70 millones de euros. Todo sin que ninguna empresa pueda volver a recurrirlo, tras hacerse firme la sentencia del Tacyl, lo cual da "seguridad jurídica" al Consistorio zamorano. 

Según manifestó Viñas se trata de cuestiones menores, que podrían haberse resulto a través de preguntas o consultas concretas en el departamento, y afectan fundamentalmente al pliego de prescripciones técnicas que será modificado, lo que supondrá "tan solo un retraso" en la contratación de unos cuatro meses. 

Lo importante para el concejal de Contratación es que el Tarcyl solamente ha estimado tres aspectos puntuales del recurso, desestimando otros cuatro, en los que da la razón al Ayuntamiento, y éstos "no afectan al fondo de contrato, por lo que no supone una revisión general del procedimiento". El Concejal destaca además que este recurso proporciona la seguridad jurídica de que el resto de contrato ya no se va a recurrir y que su revisión no va a repercutir en el conste final del contrato.

Y es que el TARCyL ratifica la reducción de la entrada en vigor del contrato desde la adjudicación y firma; la voluntad de la cuantía económica que se quería realizar al Ayuntmaiento por la llegada de la pandemia; en la realización de una auditoria de calidad para la empresa, con un coste de 132.000 euros, y en la prórroga forzosa para que el Consistorio no tuviera que hacerse cargo de las amortizaciones de los vehículos.