Mayte Martín Pozo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, tras conocer el contenido de la sentencia a la que aludía el interventor la pasada semana en la Comisión Especial de Cuentas del Consistorio de la capital, ha lamentado que el fallo haya constatado que Francisco Guarido está “pretendiendo coartar la libertad” de los técnicos municipales a la hora de realizar sus informes sobre los distintos asuntos municipales. Así lo ha defendido esta mañana la portavoz popular ante los medios de comunicación en una comparecencia en la que también han estado presentes los ediles del PP Rosa García, David Ángel Hernández y Esperanza Saavedra.

Martín Pozo ha lamentado que el alcalde, pese a su compromiso, no hubiera remitido la sentencia a los grupos de la oposición al día siguiente de la Comisión, tal y como se había comprometido, "y que ésta haya llegado hoy, justo en el mismo instante en el que el Grupo Popular ofrecía una rueda de prensa sobre el contenido de la sentencia". Pero por su parte, el alcalde de Zamora enviaba a los medios de comunicación un correo electrónico, donde se podía comprobar que dicha sentencia había sido enviada por el propio Francisco Guarido a las 7.37 de la mañana, y no a las 10.30 horas, como denunciaba el PP de Zamora.

Desde las filas populares aseguran que la sentencia pone negro sobre blanco el “modo de actuar del alcalde. A nosotros no nos sorprende. Llevamos tiempo denunciando su falta de transparencia, su soberbia en algunas actuaciones. No somos nosotros quienes lo decimos, sino que es una magistrada de lo Contencioso Administrativo con una sentencia en la que se hacen reflexiones y consideraciones que son de suma gravedad”.

Así, para Mayte Martín Pozo lo más grave es que “el Ayuntamiento, por la persona del alcalde, está condenado a dejar sin efecto el decreto por el que aprobaba el plan económico financiero” del Consistorio, “hablamos de las cuentas del Ayuntamiento, de esas cuentas tan maravillosas que vende el alcalde, pero que nos hemos quedado de piedra cuando hemos visto en la sentencia expresiones como:

“Esta condición de representante del Ayuntamiento y de dirección superior, en ningún caso supone (frente a los funcionarios que en él trabajan) un poder tal que no puedan cuestionar las órdenes dadas para la defensa de sus derechos funcionariales e incluso de su propio puesto. Entenderlo de otra manera supondría una especie de poder omnímodo del alcalde que no se desprende de ningún precepto legal”.

Para la portavoz popular, esto refrenda lo que “hemos manifestado en muchas ocasiones. Cuando a este alcalde no le gusta el contenido de un informe lo elimina o pide que se cambie el contenido”.

La sentencia sigue con que:

“Pretende el Ayuntamiento utilizar la vía del art. 50 LBRL como si de un todo se tratara para, de esta forma, justificar su intervención en actuaciones dentro del Ayuntamiento en las que no puede ni debe intervenir por cuanto esta facultad de control financiero se ejerce por la Intervención bajo el principio de autonomía funcional”.

En este punto concreto, Martín Pozo ha señalado que se “está atacando la independencia y la autonomía de los funcionarios. Y esto es muy grave. En ningún momento en mi etapa profesional como técnico, nadie me pidió que cambiara el contenido o signo de un informe. Y cuando he sido presidenta de la Diputación, no se me ocurrió jamás cambiar el signo de un informe de un funcionario”.

La sentencia, continúan los populares, prosigue con que el alcalde:

“Efectivamente puede controlar aquello que va a Pleno, pero ello no puede nunca significar valorar jurídicamente documentos para que no se les dé el curso correspondiente o tratar de que estos se modifiquen para que sean redactados en los términos que él cree más convenientes”.

Gravedad

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora han estimado que esta sentencia ratifica que “es muy grave lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento? Esto lo tienen que saber los zamoranos. Esto no lo dice el Partido Popular, sino una sentencia. Esto, insistimos, es muy grave. Para eso están los habilitados nacionales, para que el poder político se sujete a la legalidad. Estamos en un Estado de derecho y un político no puede pedir a un funcionario cómo quiere que se haga un determinado informe. ¿Qué oculta el equipo de gobierno? ¿Qué oculta el alcalde? No es el único caso. Tenemos el conocimiento de varios jefes de servicio que también tienen procedimientos judiciales entablados contra el equipo de gobierno. Curiosamente, y no queremos pensar mal, son funcionarios que están en áreas en las que se están dilucidando los contratos más importantes del Ayuntamiento.

Finalmente, Mayte Martín Pozo ha considerado que “el alcalde debe dar explicaciones, qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento, qué trata de ocultar”, para concluir que “esta sentencia pone de manifiesto el verdadero talante del alcalde. No estamos ante una persona dialogante. Aquí estamos viendo lo que está pasando con los funcionarios del Ayuntamiento. Los funcionarios están para hacer su trabajo, y desde aquí se lo reconocemos a todos. Y lamentamos las condiciones en las que pueden estar trabajando. Entendemos que el hecho es lo suficientemente grave para ponerlo en conocimiento de los zamoranos y para que el alcalde dé las oportunas explicaciones. No nos sorprende que se retiraran documentos de la Comisión Especial de Cuentas. Pero a la vista de esta sentencia, nos imaginamos que no serían muy favorables al equipo de gobierno”.