Izquierda Unida denuncia "la enésima discriminación" Centro de Educación Infantil Alfonso IX de Benavente por parte de la Junta
Izquierda Unida de Benavente denuncia en un comunicado "el enésimo olvido y discriminación" del Centro de Educación Infantil Alfonso IX de Benavente, por parte de la Junta de Castilla y León en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el año 2021.
"Un año más y ya van muchos, prácticamente la totalidad desde que se pusiera en marcha el centro en 2011, la Junta vuelve a olvidarlo pues en el Presupuesto para el próximo ejercicio la partida presupuestaria que se destina al mismo es de cero euros. Sin embargo si aparecen en las transferencias corrientes a servicios locales 311.000 euros destinados a la guardería infantil La Veguilla, que gestiona la Diputación Provincial de Zamora", ha expresado en concejal en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Burón.
Izquierda Unida reitera su denuncia a la “costumbre” de la Junta con el Centro de Educación Infantil Alfonso IX desde su inicio, que nunca ha recibido ayuda económica regional y que sostiene íntegramente el Ayuntamiento de Benavente y la aportación de las familias que tienen a sus hijos e hijas en el citado centro.
Para IU, en ésta década, la Junta de Castilla y León se ha desentendido de su competencia y responsabilidad limitándose a subvencionar únicamente algunos gastos de mantenimiento –cual lotería- ya que esto sólo ocurrió en 2011 con una exigua cantidad de 4.000€ y unos 28.000€ en 2018.
Izquierda Unida "nunca ha cambiado su posición inicial al respecto". "Como ya hemos manifestado en anteriores ocasiones, siempre hemos considerado que este no era el camino, que el Ayuntamiento asumía una competencia impropia ya que este centro debería gestionarlo la Junta de Castilla y León, que es la administración que tiene las competencias en Educación, y la educación de 0 a 3 años forma parte del sistema educativo", asegura Burón.
Desde el inicio, IU siempre ha considerado que éste modelo de gestión indirecta mediante concesión - de un servicio público- al sector privado, "es dar un paso más en la privatización de la Educación desde sus inicios". Así, desde su puesta en funcionamiento, la Junta le “pasó la competencia” al Ayuntamiento y con ésta, la gestión, la responsabilidad y el déficit de explotación. Financiación que desde el principio ha sido asumida "íntegramente" por las familias y por el Ayuntamiento al que le ha supuesto un déficit que supera los de 100.000 euros anuales, destaca Burón.