El Pleno de octubre de la Diputación de Zamora se preveía polémico y así ha sido. Una vez más, la voluntariedad de los bomberos de algunos puntos de la provincia han vuelto a ser motivo de enfrentamiento dialéctico entre el portavoz del PSOE, Eduardo Folgado y el presidente del Consorcio Provincial de Extinción de incendios y diputado de Personal, José Luis Prieto Calderón.

En esta sesión plenaria se votaba la desestimación del recurso de reposición interpuesto para impugnar el acuerdo relativo a la aprobación del Convenio de Prevención y Extinción de Incendios entre la Diputación Provincial, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Zamora y la Mancomunidad Tierras de Aliste. Desde el equipo de Gobierno se defendía que los voluntarios para la extinción de incendios tendrán, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, la consideración de colaboradores de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, y como tales voluntarios, de conformidad con la Ley 8/2006, de 10 de octubre del voluntariado de Castilla y León, su relación está fuera del ámbito de toda relación laboral o funcionarial, careciendo, por tanto, de la condición de autoridad, propia de los bomberos profesionales que sean funcionarios de carrera, y su selección no estará sujeta a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ni a los principios de selección de personal funcionario y laboral establecidos en los artículos 55 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ni a los límites de contratación temporal establecidos en el apartado cuarto del artículo 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Así lo explicaba, de nuevo, José Luis Prieto Calderón, ante las acusaciones de Eduardo Folgado que aseguraba que este voluntariado "precarizaba el servicio y el empleo", y alertaba sobre "los problemas" que podrían tener estos bomberos voluntarios y que podrían derivar en responsabilidades penales. Por eso, el portavoz del PSOE advertía que llevarían su recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, e insistía en la peligrosidad de "cubrir un servicio básico solo con personal voluntario". Folgado lo ejemplificaba "como si se dejara operar a un médico voluntario, que no tiene la carrera de medicina". Por su parte, el presidente del Consorcio, solicitaba al líder del PSOE en la Diputación que "dejara de alarmar a la población" y apelaba la legalidad del uso de voluntariado en ciertos casos de emergencias. Finalmente, la desestimación quedaba aprobada con el voto favorable y en solitario de PP y Cs.

Convenio de colaboración con Toro

Igualmente quedaba aprobado el Convenio de Encomienda de Gestión de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento entre la Diputación Provincial de Zamora, el Ayuntamiento de Toro y el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora.

Los compromisos asumidos por las partes del convenio acuerda que el Ayuntamiento de Toro, a través de su parque de bomberos, tendrá disponible todos los medios materiales y humanos necesarios para atender las emergencias que se produzcan en los municipios relacionados en el Anexo I del Convenio, para lo cual, tiene la obligación de atender con la mayor brevedad todas las alarmas y avisos durante las 24 horas del día, evitando demoras injustificadas. Asimismo, asume la obligación de invertir íntegramente la cantidad asignada en la prestación del servicio, debiendo presentar cuenta justificativa con certificación del interventor municipal de la utilización de fondos recibidos. El resto de obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Toro se enumeran en el Apartado Sexto del Convenio.

Los compromisos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora como son, entre otros abonar la cantidad correspondiente al ejercicio 2021 de 122.290,26 euros, con cargo a sus presupuestos generales, actualizándose anualmente de conformidad con el índice de precios al consumo, ingresar la cantidad asignada previa justificación del gasto, pudiendo solicitar el Ayuntamiento de Toro un anticipo del 75% correspondiente a la anualidad, una vez presentada la cuenta justificativa de la anualidad anterior.

La Diputación Provincial de Zamora, cederá para su uso durante el periodo de vigencia del convenio, un vehículo autobomba rural pesada matrícula 0696- BNT, que permanecerá en las dependencias del Parque de Bomberos de Toro que a tal efecto disponga el Ayuntamiento, no pudiéndose utilizar para fines distintos de los especificados en la cláusula primera, salvo autorización expresa y taxativa de la Diputación y el Consorcio. El plazo de vigencia será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, cuatro años. Un acuerdo que el PSOE ya advertía que recurriría como ya había hecho con la Mancomunidad de Aliste. 

Ruinas de Castrotorafe

Otro punto destacable del Pleno ha sido la suscripción del protocolo entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación para la conservación y restauración de las ruinas del castillo, murallas y ermita del denominado despoblado de Castrotorafe en San Cebrián de Castro. Este protocolo no incluye contenido económico específico, y servirá para dar cobertura a las actuaciones que ambas administraciones lleven a cabo sobre este bien inmueble, cuya mejora y puesta en valor supondrá un importante atractivo turístico para la provincia de Zamora, además de la puesta en valor de un importante bien del patrimonio histórico de la provincia. Algo que la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, y el portavoz del PSOE, Eduardo Folgado, han criticado y han calificado de "brindis al sol". Laura Rivera confiaba en que este primer paso entre Junta y Diputación se tradujera en una futura partida económica, "más allá de buenas intenciones". El diputado de Cultura y Turismo, Jesús María Prada ha defendido este acuerdo como un método de "cobertura jurídica" que la Junta exige para avanzar en la restauración de Castrotorafe.

Tras la redacción del Plan Director de en el año 2.000 no se han seguido las pautas en él recogidas, que pretendían la consolidación de las ruinas y su puesta en valor como patrimonio cultural de la provincia y como atractivo de visitas turísticas. La envergadura del denominado “poblado de Castrotorafe” hace necesario unir las sinergias de más administraciones públicas, no solamente la propietaria del mismo, pues es necesario frenar su deterioro y conseguir la protección, mejora, mantenimiento y difusión del mismo. Por ello, Prada ha defendido que se hace necesario que se combinen las competencias que tiene la Junta de Castilla y León en patrimonio histórico artístico con las que tiene la Diputación de Zamora, como propietaria del bien inmueble, que le obliga al deber de conservación del mismo. Para ello, se hace necesaria la firma del protocolo de colaboración, "con el fin de establecer las condiciones de la colaboración entre ambas administraciones en la realización de las obras y actuaciones de conservación y restauración que sean necesarias, así como en la protección e investigación de los restos arqueológicos y la difusión, puesta en valor y accesibilidad del público a las mismas", explicaban desde el equipo de Gobierno.

Margen al Obispado de Astorga

También polémico ha sido la aprobación de la adenda al convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y el Obispado de Astorga para la conservación y reparación de iglesias y ermitas de la provincia de Zamora (Diócesis de Astorga) de 2020-2021. El convenio que se pretende modificar con la presente adenda tiene por objeto, establecer el marco regulador de la subvención nominativa al Obispado de Astorga, para financiar durante las anualidades 2020 y 2021 la conservación de las iglesias de la provincia que esta Diócesis gestiona. 

El Pleno aprobaba el plazo de ejecución y justificación de la actuación subvencionable hasta el 15 de septiembre de 2022, y ampliar, hasta el 15 de noviembre de 2022, el plazo de vigencia del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y el Obispado de Astorga para la conservación y reparación de iglesias y ermitas de la provincia de Zamora (Diócesis de Astorga) de 2020-2021, en las mismas condiciones y términos establecidos en el Convenio suscrito entre ambas partes el 16 de octubre de 2020.

Una máxima que el diputado de Cultura ha defendido para favorecer el cuidado del patrimonio de la provincia, mientras que la portavoz de IU tachaba de "trato favorable" al Obispado de Astorga ampliando su plazo, "mientras otros ayuntamientos de Zamora han perdido la subvención de los Planes Provinciales", en referencia a San Marcial, Fuentesaúco y Barcial del Barco. Unas acusaciones que Jesús María Prada ha defendido asegurando que al Partido Popular "no se le puede dar lecciones de municipalismo y defensa de los alcaldes de la provincia, cuando tenemos 170 alcaldes en Zamora". Además, ha acusado a IU de abstenerse en la votación por cuestiones meramente ideológicas con respecto a la iglesia.