El portavoz popular en el Ayuntamiento de Toro, Alejandro González, ha denunciado un supuesto acuerdo político entre el alcalde de la localidad, Tomás del Bien, y el exportavoz socialista Lorenzo Rodríguez Linares, donde habría aprobado una modificación del PGOU para recalificar terrenos de uso público para beneficiar a Linares.
Según el concejal del PP este sería "el peaje político que debe pagar el señor del Bien para su arreglo con el PSOE y volver a encabezar la lista electoral socialista". Los populares hablan de un "expediente incompleto obviando sentencias firmes que declaran ilegal la licencia del exportavoz socialista".
Los concejales populares consideran que la modificación del PGOU aprobada por el Pleno el pasado lunes "es un fraude" en la ejecución de una sentencia para beneficiar "al amigo del alcalde". Según la oposición popular el PSOE "ha obviado incluir" dos sentencias firmes de obligado cumplimiento la del Contencioso Administrativo de Zamora 2013 y TSJCYL 2014 que califican la licencia de la edificación del Rodríguez Linares "como nula de Pleno Derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión". Una circunstancia que, recuerda el PP, "ya fue puesta de manifiesto" por el Colegio de Arquitectos de León que emitió informe desfavorable en el año 1997, antes del inicio de las obras, al entender que existió infracción urbanística, al no estar aprobado el proyecto de reparcelación y la preceptiva cesión al Ayuntamiento de los espacios destinados a uso públicos.
La sentencia del TSJ de Castilla y León del año 2015 que "se utiliza como excusa para intentar arreglar el problema del exportavoz", lo que reconoce es que los terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento (libres de uso público), deben cederse al Ayuntamiento utilizando mecanismos distintos a la cesión gratuita, pero en ningún caso modifica la planificación urbanística existente en el PGOU, "que es plenamente vigente, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto, por esta razón el alcalde realiza esta modificación del planeamiento". No obstante, el Grupo Municipal del PP les recuerda "que las infracciones urbanísticas que afectan a espacios libres de uso público no prescriben".
"Incumplimiento de los informes vinculantes de la Comisión de Patrimonio de la Junta"
En estos informes vinculantes se impone como prescripción la limitación como fondo edificable en esta zona del canto de 33,5 metros para alinearse con la trasera de la parcela de la Virgen del Canto y así disminuir la afección sobre el entorno del convento del Sancti Spiritus y reducir el impacto sobre el perfil del Conjunto Histórico y la Cornisa a las barranqueras de la Vega de Toro. "En ningún momento el TSJ anula dicha previsión en la ordenación", recuerdan los populares.
El PP indica que el PSOE de Toro "pretende eliminar" el fondo edificable de 33,5 metros sin ninguna justificación. "Les recuerdo que este tipo de modificaciones tienen que seguir criterios de interés general no particulares", indica el portavoz Alejandro González. El Partido Popular se pregunta "cómo el alcalde siendo gestor de patrimonio, aprueba este atentado contra el entorno del Sancti Spiritus y las barranqueras".
Ciudadanos de primera y segunda
El Partido Popular acusa al alcalde "de ser un sectario, al establecer una división entre ciudadanos de primera y segunda". Todo porque seguran que Rodríguez Linares está cometiendo "una infracción urbanística y su partido intenta darle cobertura legal ejecutando fraudulentamente una sentencia, mientras que el resto de los vecinos de Toro, que deben cumplir escrupulosamente la normativa urbanística cuando se hacen una casa o una nave industrial".
Los populares aseguran que esto ocurre en el área de obras "que es el cáncer" del Ayuntamiento. Alejandro González, manifiesta que "tiene toda la economía local paralizada, porque no se conceden licencias en tiempo y forma, recordamos que recientemente condenaron al Ayuntamiento a pagar 23.000 euros por silencio administrativo por no conceder licencias".
21.175 euros de coste para los toresanos
El Grupo Popular toresano informa que "esta cacicada nos va a costar a los toresanos 21.175 euros, al contratar como arquitectos para que informen esta modificación, a la misma empresa que contrato Rodríguez Linares en el procedimiento cuyo fallo ahora se pretende cumplir. Contando el Ayuntamiento con un arquitecto municipal. Ante esta contratación el Grupo Municipal se pregunta si no estaremos ante un caso de malversación de caudales públicos".