Rosi y Antonio buscan una oportunidad en Zamora tras huir de Venezuela por miedo a morir

Es muy impactante ver en el rostro de Antonio las cicatrices de la paliza que los colectivos venezolanos (organización paramilitar chavista que apoya al gobierno de Nicolás Maduro y antes al de Hugo Chávez) le propinaron en 2014, tras negarse a seguir pagando las llamadas vacunas. Este concepto no es otra cosa que una especie de impuesto revolucionario que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cobra, a través de estas bandas armadas. "Ellos llegan, ven tu fábrica, valoran su capacidad de producción y deciden un pago para permitirnos trabajar; y cada vez sube más y más", cuenta Rosi, su esposa, que aún se emociona pensando en todo lo que tuvieron que dejar atrás un 10 de junio de 2018.

Este matrimonio de 55 y 59 años han trabajado "de todo" a lo largo de su vida. La pareja relata que, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela era un país donde "quien tenía ganas de trabajar no le iba a faltar e iba ganando dinero". Rosi ha pintado casas, ha sido comerciante, ha vendido productos de todo tipo en tiendas, ha limpiado oficinas o viviendas y ha hecho labores de albañilería. Mientras que Antonio es técnico superior en automoción (con titulación venezolana), ha trabajado en diversos talleres, ha sido comerciante, promotor de ventas y tuvo su propia fábrica de calzado (que el gobierno chavista le expropió). No ocultan que tuvieron una vida próspera antes de la llegada de Chávez en febrero de 1999. Rosi relata que, antes de la llegada del chavismo, Venezuela era "un país con muchas riquezas para quien las trabajara. Allí no existen las ayudas ni el paro obrero como en España, si no trabajas, no comes". Algo que, creen, impulsó que la población, sobre todo "a quienes no trabajaban", a creer en las promesas "populistas" y de transformación de Hugo Chávez. Prometió ayudas a todo el mundo comiendo la cabeza a la gente humilde. En Venezuela había pobres porque no querían trabajar, pero ahora es pobre quien le interese a ellos", detalla Rosi. 

Por aquella época, Antonio y Rosi tenían una fabrica de calzado. Un negocio que habían sacado adelante de cero en dos ocasiones, ya que en 1990 "un socio nos robó parte de la empresa y tuvimos que cerrar, volver a ahorrar y abrirla de nuevo", cuentan. Rosi cuenta que eran buenos momentos e, incluso, ese dinero les daba para poder enviar ayuda económica a su madre, que reside en Zamora, ya que es originaria de la propia capital y huyó del país durante la Guerra Civil Española a Venezuela "para buscar una oportunidad de prosperar". Finalmente, su madre regresaba junto a su hermano mayor "que quedó afectado por una negligencia médica en Venezuela y o lo traía o se moría". Una ayuda que también, relata, sirvió para que su otro hermano "pudiera tomar un pasaje a España y hacer su negocio aquí". 

Pero llegados los 2000, el nuevo gobierno bolivariano "comenzó a cambiar leyes, a comprar las conciencias de los militares, empezaron a ser ministros o formar parte de su guardia personal. No cobraban sueldos, sino que se les pagaban en tierras o con negocios que iban expropiando". Rosi denuncia que Hugo Chávez utilizó a presidiarios "para darles poder y tenerlos cerca, porque le interesaba tener gente sin escrúpulos de su lado". Por estas mismas fechas, Rosi recuerda que "se dedicó a dar armas a los colectivos". Chávez encomendó a estos grupos que fueran "el brazo armado de la revolución bolivariana", y el gobierno les proveyó de armas, sistemas de comunicación, motocicletas y equipo de vigilancia para ejercer control sobre la población venezolana. Según diversas publicaciones, los colectivos actúan codo con codo junto a las Fuerzas Armadas de Venezuela y con el partido del gobierno, llevan dinero a los barrios en Venezuela, castigan a los criminales e intimidan a los rivales políticos contrarios al chavismo. Es más, la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el mando de Juan Guaidó, calificó a estos colectivos en 2019 como terroristas por "sus acciones paramilitares de violencia, amedrentamiento, asesinatos y demás delitos", declarando sus actuaciones terrorismo de Estado.

Una paliza de muerte y siete meses convaleciente

Las cicatrices de Antonio aún son visibles en su rostro

Estas milicias armadas y protegidas por el gobierno chavista se dedican, entre otras cosas, al llamado cobro de vacunas. Un impuesto no regulado que los propios colectivos se encargan de poner precio y cobrar por las más diversas actividades económicas. El matrimonio relata que "te ponen precio por trabajar". Así como suena. A través de este terrorismo de Estado, los colectivos se hacían con dinero o especias con este cobro de vacunas. En el caso de Antonio y Rosi, "íbamos pagando mientras teníamos capacidad, pero el país fue cayendo más y más en el desastre". La pareja relata que todos, desde el vendedor al fabricante, tenían que pagar esas vacunas, por lo que los beneficios se iban mermando cada vez más. "Si las zapaterías no compran género porque los colectivos se llevan parte del material para sus familias y los compradores cada vez se pueden permitir menos cosas porque están la mayoría sin trabajo, la fábrica llega un momento que tampoco tiene dinero para seguir", indica Antonio.

Así que en 2014 Antonio se plantó y le salió muy caro. A la salida de la fábrica, un colectivo "lo agarraron y le dieron una paliza terrible". Rosi, casi entre lágrimas, cuenta que "lo soltaron porque empezó a convulsionar y pensaron que lo habían matado". Varios testigos de la brutal paliza fueron quienes lo llevaron hasta el hospital y pudieron, de milagro, salvar su vida. Nunca pusieron denuncia. "Es tontería si los policías son suyos", explica Rosi. Durante siete meses, Antonio apenas se podía mover, tuvo toda la cara negra fruto de los golpes, y desde entonces, acarrea problemas de corazón y depresión. 

Pero aún con este aterrador incidente, el matrimonio tuvo que soportar cuatro años más de miedo, desesperación, tristeza y rabia contenida, en su propia tierra. "No es fácil salir del país, eres su enemigo y no van a dejarte salir tan fácilmente", explica Rosi. Ella ha sido firme activista antichavista, "he participado en todas las manifestaciones y recogidas de firmas que he podido", cuenta orgullosa. Un alto precio a pagar por ser contraria al ya gobierno de Nicolás Maduro. La pareja tampoco podía vender su propia empresa para poder comprar los billetes a España y empezar una nueva vida, ya que se necesita el permiso del Estado y "tienen derecho a comprártela por encima de nadie a un precio ridículo, porque sabían que estabas desesperado". 

Con lo puesto a España

Finalmente, la madre de Rosi fue quien ahorró todo lo que pudo y pagó los billetes de avión para su hija y su yerno. La pareja no pudo ni traer consigo las cenizas del difunto padre de Rosi. La mujer cuenta muy apenada que "era deseo de mi padre que las esparciéramos en Zamora, de donde él era, pero no pude traerlo". Apenas pudieron sacar una maleta con ropa y, para más desgracia, "las maletas llegaron desvalijadas, se quedaron lo poco de valor que traíamos". Literalmente con lo puesto, Rosi y Antonio perdieron hasta el autobús que les tenía que traer de Madrid a Zamora, porque el problema con las maletas y la excesiva cantidad de gente que huía del país sin los papeles en regla retrasó la salida de Barajas. "Tan mal estábamos que no teníamos dinero ni para comprar unos nuevos billetes de autobús", recuerda Rosi.

"Lo primero que hice al llegar a Zamora es llorar", indica la venezolana. Años intentando salir de ese país, que era el suyo, y del que tenía que huir por miedo a que acabaran con su vida por no ceder al chantaje. Y es que, finalmente, la fábrica del matrimonio fue expropiada y su casa, que sigue siendo suya, "la cuidan los pocos vecinos que quedan para evitar que "la gente de Chávez se meta en ella porque sí, como si fueran okupas pero avalados por el gobierno". 

Una vez en Zamora, el matrimonio se llevó una sorpresa y no precisamente agradable. "Como mis padres y mis abuelos son de Zamora, habíamos venido de visita en muchas ocasiones, la última vez en 1982, y esa era la Zamora que recordaba", indica Rosi. Pero a su llegada en 2018, tras una durísima crisis económica y una sangría poblacional desesperante, la pareja encontró una ciudad "que me asustó". Rosi se disculpa por hablar así del país y de la propia ciudad, pero se pregunta "¿qué pasó con España y empezando con Zamora?. Quedan tres industrias, no existen ningunas de las empresas que yo conocía". Cree que el sistema actual es gran parte del problema de la ciudad. "Hay demasiada burocracia y encima no se cumple. Comenzar un negocio o, incluso a trabajar, es muy complejo y nos perdemos en los papeles", se queja. Cree que la sociedad española ha vivido un retroceso, "pese a la tecnología con la que contamos". Rosi recuerda una España "de oportunidades justas, con gente honesta que si quería trabajar, podía". 

Y es que eso es lo que quiere esta pareja: trabajar. Ambos llevan años encadenando trabajos "en negro", o con contratos de pocos días "porque nadie quiere contratar a dos mayores de cincuenta años". Rosi y Antonio recuerdan aquellos días donde "solo importaba que tuvieras dos manos y te preguntaran qué sabías hacer y ponerte a trabajar". Ahora, se quejan, "todo es presentar experiencia, papeles, cursos, permisos, etc.". Hacen un llamamiento a cualquier persona de Zamora que puedan tener un trabajo para ellos: "Sabemos hacer de todo. Hemos trabajado en casi todos los sectores, desde vender perfumes en tiendas exclusivas a poner ladrillos", recuerda Rosi. Estos venezolanos solo quieren una oportunidad de demostrar que, pese a su edad, merecen la oportunidad de demostrar su valía y ganarse su salario.

"No queremos ayudas"

Rosi y Antonio en el Centro de Formación Profesional Ocupacional del Ecyl de Zamora

La pareja cuenta con el asesoramiento de las CEAS, pero afirman categóricamente que "no queremos ayudas". Este matrimonio, acostumbrado a salir adelante con el trabajo de sus manos, no quiere ir encadenando prestaciones y ayudas sociales, si bien la pura necesidad les está obligando. Actualmente, Rosi y Antonio residen con la madre de ella, "que cobra una pensión no contributiva". Con eso, las limpiezas en viviendas que, de vez en cuando, Rosi puede hacer, y los trabajos esporádicos que Antonio consigue van sobreviviendo. Además, Cáritas les entrega una bolsa con alimentos, para poder llenar su nevera. 

Pero este matrimonio no quiere tirar la toalla. Quiere poder prosperar en Zamora y encontrar un trabajo digno. Entre todos los cursos y formaciones que han realizado, para poder encontrar una salida laboral para el futuro, actualmente están cursando la formación profesional de albañilería en el Centro de Formación Profesional Ocupacional del Ecyl de Zamora capital. Para Antonio es su tercera formación, para Rosi la primera, pero, pese al altísimo nivel de colocación laboral que genera este centro en Zamora, están muy poco esperanzados, ya que "cuando te ven la edad, no te dan ni la oportunidad".