El Consejo Consultivo reivindica la necesidad de su existencia con la gestión de 549 dictámenes y 207 recursos

El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, formado por el presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros electivos, María del Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera, ha aprobado hoy, en sesión pública y solemne presidida por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, la Memoria del pasado año en el que se emitieron 549 dictámenes y se resolvieron 207 recursos.

La Memoria, que recoge las actividades, observaciones y recomendaciones realizadas para colaborar en el mejor funcionamiento de las administraciones públicas de la Comunidad, será presentada por el presidente del Consejo Consultivo en las Cortes de Castilla y León tal y como recoge el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución.

El Consejo Consultivo, institución propia que se encarga de velar por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Europeo y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, particularidad única en España.

El presidente del Consejo Consultivo señala que Consejo y Tribunal comparten el mismo objetivo: la garantía de la legalidad que desarrollan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional. Las normas y su interpretación fundamentan tanto dictámenes del Consejo como las resoluciones del TARCCYL.
En este sentido, subraya la labor de la institución como garante de la legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos.

En cuanto a la función consultiva, de los 549 dictámenes aprobados en 2021, más del 55%, es decir, 302, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales -Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales-, 245 (44,63%) de la Junta de Castilla y León – de los que un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria- y 2 de universidades.

Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 82, León, con 77, y Salamanca, con 69, son las provincias de las que proceden más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 43, Palencia, con 40, Segovia, con 30, Ávila, con 27 y Soria con 12. Además, hay otros 79 expedientes que no pueden provincializarse por tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León o por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad.
Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 549 dictámenes, el 68,49%, es decir, 376, son de responsabilidad patrimonial; la mayor parte de ellos está relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.

De las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, el 95% ha seguido el criterio recogido en el dictamen lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución. En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2021 se resolvieron 207 recursos. El 66,51% (145) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguido de contratos de suministros, que representan el 22,47% (49). El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación (49,08 %), seguido del de pliegos (25,68%). La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.508.580 euros.