La Subdelegación del Gobierno en Zamora tiene contabilizados 96 refugiados ucranianos de forma oficial, tras haber solicitado la protección temporal a través de la Policía Nacional. De estos, 63 ya se encuentran en situación regular, mientras que otros 33 están aún pendientes de obtener oficialmente el asilo urgente que establece el Gobierno de España. Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación para la acogida de estos refugiados, que han tenido en conjunto con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardía Civil, Tesorería General de la Seguridad Social, ADIF, Estación de Autobuses de Zamora, Cruz Roja y Cáritas.

Desde el estallido de la invasión rusa, Zamora ha pasado de tener a 47 ucranianos empadronados en la provincia, a casi llegar a los 200 con el desplazamiento de refugiados. Una llegada que, por el momento se ha producido de forma paulatina, pero que las instituciones zamoranas quieren estar preparados con la elaboración de un protocolo de actuación ante una posible llegada masiva de refugiados. Una supuesta situación que tendría como primera respuesta la recepción de estos en las estaciones de autobús y tren. Desde allí se establecería una zona diferenciada con el resto de pasajeros, para ayudar a los refugiados a iniciar los trámites legales y de acogida que ofrece el Estado español. De hecho, Ángel Blanco, indicaba que, ayer mismo, la Policía Nacional gestionaban este asilo a 30 personas ucranianas llegadas en autobús desde un pueblo de la provincia.

Y como muestra de la buena sintonía entre el Gobierno de España, como responsable de la legalización de los acogidos; y de la Junta de Castilla y León, como encargada de ofrecer los servicios de atención ciudadana a estos refugiados, al subdelegado del Gobierno, le acompañó en la rueda de prensa posterior, la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, que se encargó de explicar todas las opciones de atención sanitaria, educativa, social y habitacional que la Junta ha puesto a disposición de los desplazados. Ambos han coincidido en que la respuesta de los zamoranos a este conflicto ha sido con "una inmensa ola de solidaridad y generosidad", pero hicieron hincapié en la necesidad de coordinar esos esfuerzos siempre a través de estas instituciones públicas, y con Cruz Roja como enlace directo.

Ángel Blanco insistió en que esta comisión organizativa tratará de canalizar toda esta solidaridad, para que llegue tanto a las personas que llegan por los cauces oficiales de cooperación internacional, como para los que han venido por iniciativas privadas, como el caso de varias organizaciones y particulares zamoranos que han acudido a la propia frontera para traer refugiados. Lo mismo ocurre con los ofrecimientos de viviendas (vacías o propias) que "muchos" zamoranos han hecho, "sobre todo para acoger niños". La Subdelegación del Gobierno tiene registradas iniciativas de particulares y ayuntamientos para dar acogida habitacional a "más de cincuenta personas". Además, desvelaba que una empresa zamorana está dispuesta a contratar a 30 refugiados mientras se encuentren en España.

Vivienda, sanidad y educación

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha ofrecido el centenar de casas de su parque público de vivienda por toda la Comunidad para el alojamiento de estos refugiados. Y también tiene habilitado un contacto para familias que quieran ofrecer viviendas o alojamiento, a través del teléfono 900 102 214, donde se valorará la idoneidad de cada vivienda ofrecida. 

Por otro lado, la Junta ha tomado medidas ya para acoger a menores de edad sin familias bajo la protección y tutela de la Comunidad, se están habilitando las plazas necesarias para personas con discapacidad y personas mayores, al igual que ayudas de emergencia necesarias para garantizar la cobertura de necesidades básicas de subsistencia para las personas y familias que las precisen.

Sobre la asistencia sanitaria, los refugiados que hayan cumplimentado su acogimiento en España, dispondrán de la Atención Primaria y acceso a los centros hospitalarios; así como asistencia frente al COVID-19 y otros programas de Salud Pública, incluidos los programas preventivos y adaptación de calendarios de vacunación a la prestación vacunal de todo tipo. En cualquier caso, todos los centros que componen el Sacyl quedan a disposición de las necesidades asistenciales y de complejidad que puedan requerir los ciudadanos ucranianos, ya que los centros de salud y hospitales ya cuentan con traductores para facilitar su atención médica.

Clara San Damián destacaba que la Junta ofrece una plaza escolar a los niños ucranianos en todas las etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato); y que en Zamora ya son doce los niños escolarizados; mientras se ofrecen también un centenar de plazas en las universidades de la Comunidad, si así se precisara. Además, se podrán a disposición cursos específicos de español para personas adultas en la red de Centros de Educación de Personas Adultas de Castilla y León.

En el supuesto de que se declare el régimen de protección temporal y se otorgue la autorización administrativa para trabajar, desde las oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León Ecyl se prestarán los servicios incluidos en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Asimismo, se les prestará atención específica, a través de itinerarios individualizados y personalizados, poniendo a su disposición, tanto los servicios específicos ya existentes (como puede ser el Servicio específico de traducción telefónica para inmigrantes) como aquellos otros que se creen al efecto y resulten pertinentes.

Además, la Junta de Castilla y León también tiene un programa especial para los refugiados que hayan huido de sus casas con sus mascotas. Una vez en Zamora, deben ponerse en contacto con la Delegación Territorial de Salud en Zamora para que sus animales sean vacunados contra la rabia y se les identifique con el chip obligatorio. Y, finalmente, la Subdelegación del Gobierno ha enviado una carta a todos los ayuntamientos para pedirles que se unan a esta coordinación, y sobre todo, para evitar casos de trata de mujeres o niños con fines de explotación sexual.