El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco Requejo, ha recibido hoy la acción por la que la Institución Provincial entra a formar parte del accionariado del Grupo Tragsa, en un acto en que ha estado presente el vicepresidente tercero y diputado de Medio Ambiente y Obras Municipales, Javier Faúndez Domínguez, y José Vicente López Escudero, delegado institucional de Tragsa en Castilla y León, y Carmen González Núñez, gerente provincial de Tragsa en Zamora, en representación de la empresa de capital social íntegramente público.
Con esta incorporación al accionariado, la Diputación de Zamora esta habilitada para realizar encargos a Tragsa y Tragsatec de proyectos, consultorías y otros trabajos enmarcados en el objeto social del Grupo.
El ingreso de la Institución Provincial pone de manifiesto la apuesta por continuar impulsando la actividad y el empleo local, contribuyendo a fomentar y conservar los valores naturales y patrimoniales de la provincia y a reducir los desequilibrios entre los ámbitos urbano y rural.
El Grupo emplea a más de 200 profesionales anualmente en la provincia de Zamora. Con más de 40 años de experiencia, se ha volcado de manera muy especial en la protección del medio natural y el desarrollo sostenible de las zonas rurales, lo que le ha convertido en una garantía de servicio eficiente y de calidad a nivel estatal, autonómico y local.
La actividad del Grupo Tragsa se desarrolla en todo el territorio nacional prestando servicio en las 17 Comunidades Autónomas. Su amplia implantación convierte al Grupo en un eficiente instrumento al servicio de las Administraciones Territoriales dotándolas de una gran capacidad de actuación y de inmediatez en la respuesta.
En 2021, el 73% del empleo medio generado por el Grupo Tragsa estuvo relacionado con actividades ligadas al entorno rural, contribuyendo a generar más de 3.600 empleos con residencia en municipios rurales.
La Diputación Provincial de Zamora formalizó el pasado 26 de febrero de 2.021 la compra de una acción del Grupo Tragsa. La directora de Coordinación y Acciones Institucionales del Grupo, Paloma López-Izquierdo, asistió a la firma de compra de la acción.
La adquisición se produjo en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, estableciendo la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa para poder realizarle encargos.
El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, y actualmente cuenta con 67 accionistas. Forman parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado.
El accionista mayoritario es la SEPI que cuenta con el 51%, seguido del FEGA con un 39%, la Dirección General de Patrimonio con un 10%, y el resto de las 17 Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los siete Cabildos Insulares de Canarias, los cuatro Consejos Insulares de Baleares, la Diputación Foral de Álava y las Diputaciones de Cuenca, Segovia, Pontevedra, Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Córdoba, Ávila, Huelva, Girona, Cáceres, Teruel, A Coruña, León, Guadalajara, Soria, Lugo, Jaén, Salamanca, Burgos, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Palencia, Huesca, Castellón, Zamora, Valladolid, Málaga, Sevilla, Toledo, Almería y Tarragona cuentan con una acción