El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, José María Barrios Tejero, ha asistido hoy a la reunión de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada en Cáceres en la que los presidentes de Diputación, Cabildos y Consejos Insulares del Partido Popular han advertido del riesgo de parálisis de la economía si el Gobierno de Sánchez no aclara, de una vez, el mecanismo para la revisión de precios de la obra pública.

Los populares han pedido elevar a la Junta de Gobierno de la FEMP esta cuestión, ya que, a su juicio, “sin una solución legal, adecuada y pronta, muchas empresas del sector van a quedarse en una situación de máxima vulnerabilidad y se van a destruir muchos empleos”.

Así lo han explicado tras poner sobre la mesa cómo la escalada de los precios de la materia, los combustibles fósiles y la energía eléctrica están haciendo mella en la obra pública. Se trata, en muchos casos, de proyectos que se contrataron entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, y que se están viendo afectados en su ejecución por este fuerte incremento de los precios de los suministros.

El principal problema detectado desde las Diputaciones del PP es que el Real DecretoLey 3/2022, ampliado posteriormente por el RD-Ley 6/2022, aprobado para paliar el encarecimiento de las materias primas, permite en determinadas circunstancias y, a propuesta del adjudicatario, una revisión extraordinaria de precios en supuestos no contemplados por la Ley de Contratos del Sector Público.

Este mecanismo, pensado para los contratos de obra del Estado, se preveía que también pudiese hacerse extensivo a los contratos de obra del resto de administraciones, CCAA y Entidades Locales, que así lo acordaran sus órganos de gobierno.

Sin embargo, tal y como han expuesto las Diputaciones populares, “se está detectando que el mecanismo, en el caso del sector público local, no está resultando útil”, por lo que han pedido en la FEMP “que el Ejecutivo repiense el mecanismo para aclarar todas las dudas y problemas que está suscitando”.

Así, entre otras cuestiones, los populares exigen al Gobierno que la actual escalada de precios “no puede, por dejadez o testarudez de Sánchez y sus socios, suponer la muerte del tejido empresarial del sector de la construcción”. “Sería un error descomunal dejar caer a las empresas con la consiguiente parálisis de la economía de los territorios afectados”, señalan.

Para los presidentes de Diputación del PP, “se debería, al menos, con carácter excepcional y extraordinario, eximir a las empresas que no puedan cumplir con el contrato inicial por el alza de los precios, de la prohibición de contratar con la administración ante la resolución culposa del contrato”.

Asimismo, han solicitado que se amplíe por el Ejecutivo el listado de materiales a tener en cuenta para calcular el umbral del 5% de incremento de los precios de un contrato para que sea posible la revisión extraordinaria del mismo. También solicitan que sean tenidos en cuenta los incrementos del precio de la energía en las fórmulas de cálculo.