La diputada nacional del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco; y los senadores populares por Zamora, Mayte Martín Pozo y Fernando Martínez-Maillo, han alertado sobre el aumento de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones en un 65% y los hurtos en un 37,4% en la ciudad de Zamora, y en la provincia, el aumento de los robos con fuerza en domicilios en un 20,9% y los hurtos en un 40,1%.

Pero, también han querido destacar el buen trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Zamora, "a pesar de la falta de recursos humanos y materiales". 

En general, han señalado que los datos son buenos, pero les preocupa estos dos indicadores y han advertido que, si la Ley de Seguridad Ciudadana se aprueba, la seguridad en la provincia se verá perjudicada. Por todo ello, han instado a los ciudadanos a sumarse a la manifestación convocada por Justapol en Madrid y han pedido al Gobierno que escuche a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no apruebe una ley que perjudica a todos los ciudadanos.

Y es que hoy, el Partido Popular de Zamora ha hecho público su apoyo a la manifestación convocada por Justapol en Madrid y denunciar la Ley de Seguridad Ciudadana que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y que, según Elvira Velasco, diputada del PP por Zamora, "va claramente en contra o perjudica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por otro lado, beneficia a los delincuentes".

Velasco ha afirmado que la ley propuesta "es una auténtica ley chapuza que afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desprotege a todos los ciudadanos" y ha recordado que existe una ley aprobada por el Partido Popular en 2015, que ha permitido todas las medidas y libertades durante la pandemia y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos.

La senadora del PP por Zamora, Maite Martín Pozo, ha señalado que esta reforma "desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van a ver afectada y dificultada de una manera enorme su trabajo". Además, ha detallado que la reforma afecta a la toma y difusión de imágenes de los agentes, establece un tiempo máximo de dos horas para la identificación y perjudica a los ciudadanos al eliminar la posibilidad de que los agentes puedan hacer frente a determinadas situaciones.