El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea; y el expresidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, han acudido esta mañana a los Juzgados de Zamora para declarar como testigos en el conocido como caso de la Biorrefinería de Barcial del Barco. Ambos han negado haber tenido conocimiento de presiones o coacciones por parte de responsables de la Junta de Castilla y León para que el proyecto de energía verde no saliera adelante.
Cabe recordar que la Diputación Provincial apoyó este proyecto con la cesión de los terrenos en Barcial del Barco; mientras que Igea comprometió apoyo económico cuando lideraba la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior en la Junta.
En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León posteriores al juicio, Francisco Igea, ha recordado que él vivió este proyecto "en primera línea" y asegura no haber sido nunca testigo "ni de presiones ni coacciones de ningún tipo". Igea añade que él se reunió en una única ocasión con la directiva de la directiva de la futura biorrefinería, con Vicente Merino a la cabeza, en Valladolid, pero que no volvió a hacerlo en el momento que surgieron las primeras informaciones sobre este presunto sabotaje a EA Green.
El exvicepresidente del Gobierno Autonómico ha explicado ante el Juzgado de Primera Instancia número seis de Zamora que cuando se hicieron públicas estas primeras acusaciones desde la directiva de los promotores, él mismo animó a que se denunciara y fuera la Justicia quien aclarara el asunto.
"Le dije a Paco (Francisco Requejo) que hasta que no se pusiera en conocimiento del Juzgado no me reuniría con nadie, porque entendía que era una suposición de delito por parte de alguien y no tenía que ser la Vicepresidencia de la Junta, sino la justicia quien debía aclararlo", detalla.
Una vez Vicente Merino y EA Green presentaron la correspondiente denuncia, Francisco Igea emplazó a la directiva de la biorrefinería a una reunión, pero fue cesado como vicepresidente de la Junta a finales de 2021. Una vez fuera del Gobierno Autonómico, Igea consideró que el encuentro no tenía sentido "más allá de lo que fuera un cotilleo" y se mantuvo a la espera de que la denuncia siguiera su curso.
Igea insiste en que en ningún momento observó o escuchó nada que fuera delictivo referente a posible presiones o coacciones para no hacer realidad la biorrefinería de Barcial del Barco. De hecho, aclara que "si hubiese sido así, seríamos los primeros en haberlo denunciado. Eso creo que lo sabe todo el mundo".
"Lo único que hicimos fue comprar los terrenos"
Por su parte, el expresidente de la Diputación de Zamora ha recordado que la participación de la Institución Provincial en este proyecto se limita a la adquisición del espacio donde iba a desarrollarse. "Lo único que hicimos es comprar los terrenos, intentamos la cesión y no lo pudimos hacer porque no nos dio tiempo", recalca.
Francisco Requejo ha admitido que la relación con Vicente Merino y EA Green "fue en todo momento buena, correcta y tenían las puertas abiertas". El expresidente de la Diputación Provincial ha detallado que "nos llamaban casi a diario y nos explicaban cómo estaba el proyecto". Por ello, Requejo ha admitido que "confiamos en que era un proyecto bueno para la provincia y por eso iniciamos los trámites para comprarla y para que pudiese ser una realidad".
Sobre el trato con la Junta, Requejo ha coincidido en explicar esa primera reunión mantenida con la Vicepresidencia de la Junta, más otros dos encuentros telemáticos con el exdirector general de Industria, Alberto Burgos. En ellas se presentó el proyecto y el expresidente de la Diputación de Zamora también niega que en esos dos contactos con el Gobierno Autonómico hubiera ningún tipo de acto o palabras que fueran constitutivos de los delitos que se juzgan.
Presunto sabotaje
Junto a Igea y Requejo, también declaraba el exdirector general de Industria, Alberto Burgos, el administrador de Biorrefinería Multifuncional de Barcial y un directivo de Acciona.
La promotora de este proyecto de energía verde EA Green denunciaba ante los tribunales un presunto caso de sabotaje por parte de altos cargos de la Junta de Castilla y León, entre ellos, el consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; para que la biorrefinería no saliera adelante en la localidad zamorana.
Además, entre la documentación presentada, los denunciantes aportaban varias grabaciones donde supuestamente se escucha un directivo de Grupo Cobra reconocer que miembros de la Junta le habían desaconsejado que continuara adelante con el apoyo al proyecto de Barcial, ya que inicialmente este grupo estaba interesado en el mismo.
En concreto, la denuncia habla de varias conversaciones este inversor, con quien que ya se había concretado un acuerdo de colaboración económica, pero a los que probablemente se les hizo saber que el proyecto no contaba con el agrado de la Junta de Castilla y León. En esas grabaciones telefónicas que han sido presentadas como prueba, "se les advierte que apoyar el proyecto de Barcial del Barco podría perjudicarles en otros proyectos que tuvieran en marcha en Castilla y León".
Igualmente,los promotores del proyecto de biorrefinería también denuncian a Acciona acusándoles de que podría haber incurrido en un fraude por intentar obtener subvenciones europeas aprovechando las patentes del promotor del proyecto, Vicente Merino.